El caso SeNaSa, ya no es solo un expediente en manos del Ministerio Público. Es, sobre todo, un problema político. Y como todo problema político serio, no se define por lo que se prueba en un tribunal, sino por lo que no logra disiparse en la conciencia pública. En este punto, la pregunta deja de ser qué ocurrió en SeNaSa y pasa a ser otra, más incómoda: ¿por qué el esfuerzo del gobierno parece concentrarse más en separar al presidente del escándalo, que en explicar cómo fue posible?
Desde que el caso salió a la luz, la respuesta oficial ha sido impecable en forma y calculada en fondo. Auditorías, cooperación institucional, discursos firmes y una narrativa perfectamente alineada: aquí hubo corrupción, sí, pero ocurrió lejos del despacho presidencial; fue detectada a tiempo; y el propio gobierno la enfrentó con determinación. El mensaje que se quiere transmitir es claro: el sistema falló, pero el presidente no.
Sin embargo, esa claridad narrativa contrasta con una realidad más turbia. SeNaSa no es una oficina marginal ni una dependencia heredada sin supervisión. Es una institución estratégica, gestionada durante años por funcionarios designados políticamente, bajo un gobierno que se ha vanagloriado de control, gerencia y seguimiento permanente. En ese contexto, la corrupción no surge en el vacío, sino que crece, se organiza y se reproduce en un ambiente donde alguien no mira… o prefiere no hacerlo.
Aquí es donde la duda empieza a trabajar sola. No como acusación, sino como lógica política elemental. ¿Cómo se explica que un entramado de irregularidades de gran escala haya operado sin alertas tempranas efectivas? ¿Fueron ineficientes los controles que el propio gobierno exhibe como logro? ¿O funcionaron, pero no con la urgencia necesaria? Y si funcionaron tarde, ¿esa tardanza fue simple torpeza administrativa o prudencia política?
El gobierno ha optado por una solución conocida: encapsular el daño. O sea, se identifica a los responsables directos, se los aísla, se los entrega al proceso judicial y se refuerza el relato de que “no hay vacas sagradas”. Pero en ese proceso hay una ausencia notoria: nadie asume responsabilidad política por haber permitido que el problema madurara. La corrupción aparece como un rayo en cielo despejado, nunca como resultado de decisiones, omisiones o confianzas mal colocadas.
Y es precisamente ahí donde la inocencia comienza a parecer excesivamente bien administrada. Porque en política, la pulcritud absoluta no suele ser natural; suele ser construida. Cuando cada comunicado, cada declaración y cada gesto público parecen diseñados para proteger una figura específica, la presidencial, el ciudadano empieza a preguntarse si la lucha contra la corrupción tiene límites tácitos. No límites legales, sino límites de conveniencia.
No se trata de afirmar que el presidente ordenó, supo o participó. Esa sería una acusación que requiere pruebas. Se trata de algo más sutil y, a la vez, más inquietante: la posibilidad de que el poder haya optado por no saber demasiado, por no profundizar antes, por confiar donde no debía. En política, esa forma de complicidad pasiva tiene nombre: responsabilidad por omisión. Y aunque no siempre sea punible, casi nunca es inocente.
El patrón refuerza la sospecha. Casos anteriores han seguido una lógica similar: estallan, se administran, se aíslan y se disuelven en el tiempo. El presidente emerge siempre indemne, casi impoluto, como si gobernara un Estado paralelo donde los errores ocurren sin rozar la cúspide. Demasiada perfección para un sistema que, se nos dice, estaba podrido antes de 2020… y que milagrosamente solo se corrompe en los niveles intermedios.
SeNaSa, entonces, deja una estela que el discurso oficial no logra borrar. No porque pruebe culpabilidad, sino porque revela una obsesión por salvar la imagen presidencial, aun a costa de empobrecer la explicación política. Y cuando un gobierno se esfuerza más en proteger a su líder que en desnudar completamente el problema, la duda deja de ser malicia: se convierte en sentido común.
Al final, el caso no plantea una afirmación, sino una sospecha legítima:
¿Estamos ante un presidente ajeno a todo, o ante un poder que aprendió a administrar la distancia justa entre el escándalo y su figura?
La justicia dirá lo suyo.
La política, mientras tanto, seguirá preguntando.
Y esa pregunta, cuando persiste, suele ser más corrosiva que cualquier sentencia.
