Departamento de Estado-EUA reduce un 80 % tarifa para renunciar a la ciudadanía; existen unos 500 mil dominicanos
Por Ramón Mercedes
NUEVA YORK.- El Departamento de Estado de Estados Unidos ha reducido el costo en un 80 % de la tarifa para renunciar a la ciudadanía de EE. UU.; antes eran $2,350, ahora son $450 dólares.
La nueva tarifa entró en vigor el pasado viernes; el Departamento de Estado empezó por primera vez a cobrar por renunciar formalmente a su ciudadanía en 2010, y es un proceso intenso y prolongado.
Entre noviembre de 2020 y mayo de 2024, unas 135 mil personas nacidas en República Dominicana obtuvieron la ciudadanía.
Se estima en alrededor de 500 mil los quisqueyanos que han jurado por la ciudadanía de EE. UU., con la certeza de que ninguno renunciaría a la misma, informó una fuente.
Los solicitantes deben confirmar repetidamente, en múltiples declaraciones escritas y verbales ante un oficial consular en una embajada o consulado de EE. UU. fuera del país, que comprenden las implicaciones de este acto irrevocable y voluntario antes de que se les permita prestar un juramento formal de renuncia.
Deben firmar el juramento de renuncia ante el cónsul y confirmar que actúan voluntariamente; la decisión es permanente. Tras la aprobación del Departamento de Estado, recibirán un Certificado de Pérdida de Nacionalidad.
Los padres no pueden renunciar a la ciudadanía de sus hijos menores; estos deben demostrar madurez y carencia de coacción.
Ingenieros dominicanos en NY apoyan demanda de sus colegas ante el Congreso Nacional RD
Ingenieros dominicanos residentes en esta ciudad manifestaron su apoyo a la demanda de sus colegas en la República Dominicana, para que el Congreso Nacional otorgue carácter prioritario al proceso de subsanación de la observación realizada por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley que ordena el pago de la deuda histórica del Estado con contratistas de obras públicas.
En un documento de prensa, los profesionales Wilson Madera, Leonardo Cabrera, Luis Rodríguez, Ernesto de los Santos, Clara Reyna, Nelson Amarante, Francisco Ortiz y Víctor del Rosario sostienen que se trata de una situación que afecta a decenas de constructores que ejecutaron obras para el Estado dominicano hace más de dos y hasta tres décadas.
Resaltaron que muchas de esas obras continúan hoy prestando servicios a la población, como escuelas, carreteras, edificaciones públicas e infraestructuras esenciales, infraestructuras de las cuales el Estado ha tenido un enriquecimiento ilícito.
Precisan que, como bien destaca el vocero autorizado del Comité Institucional Codiano (CIC), ingeniero Miguel Liberato, “la observación presidencial ha abierto la oportunidad para perfeccionar el texto legal, introduciendo los ajustes necesarios que permitan reconocer la existencia de la deuda”.
Igualmente coinciden con el criterio externado por los contratistas miembros del CIC en el sentido de que “deben establecerse mecanismos diferenciados de validación y pago, tomando en consideración las distintas situaciones jurídicas en que se encuentran los acreedores del Estado”.
Asimismo, indican que la comisión especial designada por la Cámara de Diputados debe rendir su informe en un plazo razonable, de manera que el Congreso Nacional conozca y apruebe las modificaciones correspondientes sin prolongar innecesariamente la espera de los contratistas afectados.
El ingeniero Liberato, vocero del CIC ha insistido en que “el país debe recordar que estas obras no son hipotéticas ni ficticias; fueron ejecutadas, supervisadas y recibidas por el Estado, forman parte del patrimonio público y lo único pendiente es cumplir con el pago correspondiente”.
Los profesionales dominicanos radicados en esta urbe sostienen que la solución de esta deuda histórica no solo representa un acto de justicia para los contratistas, sino también una oportunidad para fortalecer la credibilidad institucional del Estado dominicano, enviando una señal clara de respeto a los compromisos asumidos en materia de contratación pública.
Finalmente, los constructores hacen un llamado a los legisladores para que coloquen este tema en un lugar prioritario de la agenda legislativa, a fin de que la subsanación de la observación presidencial y la aprobación definitiva de la ley se produzcan en el menor tiempo posible, cerrando así un capítulo que durante décadas ha afectado a numerosos profesionales y empresas del sector construcción.
Dominicanos NY avalan propuesta Javier García de crear fondo garantía inversión en la RD
Dominicanos de diferentes sectores en esta ciudad ofrecieron sus opiniones avalando la propuesta de Francisco Javier García, aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que, de llegar a la presidencia crearía un fondo de garantía para la inversión que realicen los dominicanos del exterior en el país.
Asimismo, afirma que ese fondo se crearía destinando en el Presupuesto Nacional una primera partida del 3 % de los 12 mil millones de dólares en remesas que llegan al año a la RD, para cuando quieran poner un negocio en RD, desarrollar un proyecto inmobiliario o comprar una casa, y se les dificulte obtener la garantía para acceder a esos financiamientos.
Por su parte, el dirigente político de izquierda, activista social, comunitario y miembro de la Coalición por Defensa de los Inmigrantes en esta ciudad, Luis Mayobanex Rodríguez, dijo: “Oportuna, por darse en un momento en que el gobierno de Luis Abinader, emulando administraciones pasadas, mantiene en condición de indefensión a la diáspora.
“O, como dijo el propio Javier García, es una comunidad a la que tanto los candidatos de su propio partido (PLD) como de los demás partidos no “les han cumplido”.
Su propuesta de “crear un fondo de garantía” es positiva porque busca dar un contenido más productivo a las remesas y convierte al receptor en un sujeto de crédito, tal y como hemos reclamado por años a los administradores del Estado dominicano.
Mientras, el comunicador Darío Abreu, exsecretario general de la filial del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP-NY), dijo: “Esa es una gran propuesta y debe ser acogida por todos los dominicanos que residimos en el exterior, y esperamos que Javier García la cumpla”.
Para la aguerrida líder comunitaria y portavoz de más de 300 estafados por una inmobiliaria en RD, Dayanara Borbób, sostuvo: “Escuchar ahora a Javier García con esa propuesta provoca una pregunta: ¿por qué no se hizo cuando el PLD tuvo casi 20 años en el poder?”.
Hoy, el problema principal no es la falta de fondos ni de incentivos, sino la falta de seguridad jurídica. El país vive una preocupante proliferación de estafas inmobiliarias que ha golpeado la confianza de compradores e inversionistas, especialmente de la diáspora.
El enfoque debería estar en garantizar reglas claras, supervisión real y consecuencias para quienes defraudan. Sin eso, cualquier iniciativa corre el riesgo de quedarse en discurso, precisó.
Para el reconocido líder comunitario Radhames García: “Si se aprueba dicha iniciativa, en un posible triunfo de Javier García, amén de que nos situamos en la acera contraria políticamente al PLD, entiendo como correctísima su propuesta, para convertir dicho fondo de inversión y que sirva como protección, garantizando la inversión de los dominicanos en el exterior”.
“Vemos con buenos ojos la iniciativa, pero estamos cansados de tantas estafas que han mermado el patrimonio de los quisqueyanos residentes en el exterior, sin que se pueda recuperar mínimamente su frustrada inversión”, subrayó.
Para los taxistas en El Bronx, Claudio Estevez y Manuel Marmolejos, dijeron: “Esa sería la salvación para nuestras inversiones que hacemos en el país caribe, porque por doquier es el grito de nuestros connacionales con las estafas que les hacen, y los gobiernos no han hecho nada; avalamos su propuesta”.
Los bodegueros en el Alto Manhattan, Julián de los Santos y Silvo Matos, dijeron: “Cuando veamos que él se comprometa ante el pueblo con esa propuesta, entonces votaríamos por él, porque sabemos que vamos a comprar con seguridad y garantía en nuestro país”.
En términos similares se expresaron varios ciudadanos comunes en las avenidas Saint Nicholas y la calle Dyckman, en el Alto Manhattan.
