Según la Organización Internacional del Trabajo, en 2023, la República Dominicana se posicionó como el cuarto país de América Latina con mayor proporción de empleados públicos en relación con el total de ocupados, representando un 13.7%. Para el segundo trimestre de 2024, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), esta proporción se ubicó en 14.7% y 29.7% del empleo formal.
Al comparar con otros países de la región, solo Argentina (18.1%), Panamá (17.0%) y Uruguay (14.4%) presentaron una mayor proporción de empleados públicos. Asimismo, República Dominicana superó el promedio regional de 10.9% por 2.8 puntos porcentuales.
A julio de 2024, los datos de SISALRIL indicaban un número récord de empleados públicos: 733,824. Esta cifra representa un incremento del 117.47% en comparación con los niveles de julio de 2009 (fecha desde donde hay datos disponibles), lo que refleja una tendencia sostenida al alza en la nómina pública.
Este crecimiento no es insignificante, ya que el aumento del empleo público genera un impacto directo en el gasto gubernamental, que debe financiarse mediante impuestos o deuda pública. En este contexto, el presupuesto para 2025 proyecta que las remuneraciones a empleados públicos alcanzarán el 24.14% del gasto total, lo que equivale al 4.42% del PIB, superando incluso la asignación del 4.0% destinada a la educación. Además, el reciente anuncio de un aumento en el gasto por RD$110,418 millones por parte del gobierno probablemente incluye una porción destinada a las nóminas.
El incremento del empleo público es preocupante. Un país con déficit fiscal anual debería controlar sus gastos para mantener la sostenibilidad de la deuda pública. Además, destinar más recursos a empleos públicos puede reducir fondos para inversión en sectores que impulsan el crecimiento económico. Esto puede resultar en menor eficiencia económica, ya que los empleos públicos adicionales podrían no contribuir significativamente a la productividad.
Fuente: CREES
