Por Ramón Morel
En el fragor de la política contemporánea, el insulto se ha erigido como el bastión de aquellos que, carentes de argumentos sólidos y capacidad de diálogo, recurren a la descalificación personal como herramienta de combate. Esta tendencia no es más que un reflejo de una baja inteligencia emocional y una incapacidad para abrazar la diversidad de pensamiento.
Durante los procesos electorales, es común observar cómo los candidatos y sus seguidores etiquetan a los opositores con términos peyorativos como «traidor» o «vendido». Estas acusaciones, a menudo infundadas y sin evidencia, buscan desacreditar al adversario y sembrar la duda entre las filas propias. Es una táctica diseñada para intimidar y coaccionar, para disuadir a los indecisos de cambiar de bando, bajo la amenaza implícita de ser el próximo blanco de tales ataques.
Este fenómeno no es exclusivo de una región o país; es una dinámica global que erosiona los cimientos de la democracia. Al reemplazar el debate de ideas por el ataque personal, se empobrece el discurso público y se desvía la atención de los verdaderos problemas que enfrenta la sociedad. Además, se perpetúa un ciclo de miedo y represión que inhibe la libre expresión y la evolución política.
Es imperativo que como sociedad reconozcamos y rechacemos esta cultura del insulto. Los medios de comunicación, las plataformas sociales y las instituciones educativas deben promover un ambiente donde prevalezca el respeto y la argumentación lógica. Solo así podremos aspirar a un proceso electoral que refleje los valores democráticos de tolerancia y pluralismo.
La responsabilidad recae en cada uno de nosotros como ciudadanos. Debemos exigir a nuestros representantes y a nosotros mismos un nivel más alto de discurso, uno que esté a la altura de los desafíos que enfrentamos. El futuro de nuestra democracia depende de nuestra capacidad para dialogar, debatir y discrepar con respeto y sin recurrir al insulto como arma política.
