En República Dominicana, el miedo se ha apoderado de las calles. La institución que debería salvaguardar la vida y los derechos de los ciudadanos —la Policía Nacional— ha pasado a ser sinónimo de abuso, violencia y extorsión. Lo que debería ser un cuerpo encargado de garantizar el orden y la seguridad, hoy genera más temor que la propia delincuencia. A pesar de la promesa de una profunda reforma policial por parte del presidente Luis Abinader, los hechos recientes solo evidencian el fracaso de esta iniciativa y la falta de control sobre una fuerza que parece actuar con impunidad.
El plan de reforma policial, anunciado con bombos y platillos, ha sido una costosa estrategia que hasta ahora ha dejado mucho que desear. Se han invertido millones de pesos, pero los resultados no solo son insuficientes, sino que parecen inexistentes. El abuso de poder y la brutalidad policial continúan sin tregua, generando un clima de terror en la ciudadanía. La realidad es que el uniforme ya no inspira respeto ni protección, sino miedo.
Uno de los casos más recientes que ha sacudido a la opinión pública es el de José Gregorio Custodio, un joven de 38 años detenido en abril de 2022 en San José de Ocoa, quien perdió la vida mientras estaba bajo custodia policial. Las circunstancias de su muerte apuntan a una brutal golpiza propinada por los agentes que lo detuvieron, quienes primero alegaron que el joven «se cayó». Este tipo de encubrimiento es típico en los casos de abuso policial, donde la verdad es distorsionada hasta que la presión pública obliga a investigar.
Este caso desató indignación a nivel nacional, pero también puso de relieve la desconexión entre la reforma prometida y la realidad cotidiana. Mientras las autoridades anunciaban nuevos protocolos y una supuesta modernización del cuerpo policial, los ciudadanos seguían enfrentando el abuso y la violencia desmedida de quienes deberían protegerlos.
En barrios como Los Alcarrizos y Villa Mella, las redadas se han convertido en sinónimo de terror para los ciudadanos. Presentadas como «operativos de seguridad», estas acciones policiales son, en muchos casos, una fachada para extorsionar y despojar a la población. A principios de 2023, se reportó un incidente en el que varios jóvenes fueron detenidos en una redada nocturna en Villa Mella. Durante el operativo, los agentes les confiscaron sus celulares y dinero en efectivo, con la promesa de devolverlos a cambio de sobornos.
Esta práctica se ha vuelto tan común que la población ya no sabe si teme más a los delincuentes o a los propios policías. El costo humano de estas redadas es incalculable, no solo por las pérdidas materiales, sino también por el daño psicológico que genera la constante amenaza de ser despojado o detenido sin motivo.
En agosto de 2023, la muerte de Esmerlin Jhoel Trinidad, un joven de 24 años, sacudió nuevamente al país. Esmerlin fue detenido por la policía en La Romana bajo acusaciones vagas de estar implicado en un robo. Durante su tiempo en custodia, fue sometido a brutales torturas por parte de los agentes, lo que resultó en su muerte. Los informes médicos confirmaron que el joven presentaba múltiples signos de maltrato físico, incluyendo golpes en la cabeza y el cuerpo.
Este caso no solo revela la brutalidad de la policía, sino también la impunidad con la que opera. A pesar de las múltiples promesas del gobierno de acabar con estas prácticas, casos como el de Esmerlin siguen ocurriendo con frecuencia alarmante. La muerte de este joven refleja el completo fracaso de la reforma policial y deja en entredicho el verdadero compromiso del gobierno con la protección de los derechos humanos.
El plan de reforma policial de Luis Abinader ha tenido un costo astronómico, con un presupuesto que supera los miles de millones de pesos. Se ha hablado de nuevas tecnologías, capacitaciones internacionales, aumento de sueldos para los agentes, y protocolos más estrictos. Sin embargo, en la práctica, la violencia policial parece haber empeorado. ¿Dónde están los resultados? La respuesta es evidente: no los hay.
Mientras se invierten cifras astronómicas, los dominicanos continúan viviendo con miedo. La policía, que debería ser un pilar de seguridad y justicia, sigue siendo una amenaza para la integridad de los ciudadanos. Y aunque el gobierno insiste en hablar de mejoras, lo que vemos en las calles es una institución que se comporta más como una fuerza de ocupación que como un cuerpo de protección.
Un caso que ejemplifica el nivel de brutalidad y falta de control sobre la policía ocurrió en Santiago en septiembre de 2024, cuando un grupo de jóvenes que se encontraban en una actividad deportiva fue atacado por agentes que, sin justificación alguna, abrieron fuego contra ellos. Tres de los jóvenes murieron en el acto y otros dos resultaron gravemente heridos. Los testimonios de los sobrevivientes señalan que los policías actuaron de forma arbitraria, disparando sin previo aviso y sin que mediara ninguna amenaza real.
Este incidente generó una oleada de protestas, pero también sirvió para mostrar lo lejos que estamos de tener una policía verdaderamente reformada. La violencia sigue siendo la herramienta predilecta de muchos agentes, quienes parecen operar bajo la creencia de que no enfrentarán consecuencias por sus acciones. Y hasta ahora, tienen razón.
La realidad es que, en muchos casos, ya no se distingue la frontera entre policía y delincuencia. Las redadas, los asesinatos extrajudiciales, las torturas y las extorsiones no son actos aislados, sino un patrón que refleja la profunda corrupción y descomposición de la Policía Nacional. ¿Cómo podemos confiar en una institución que utiliza las mismas tácticas que los criminales a los que supuestamente combate?
La reforma policial de Abinader ha sido un monumental fracaso. A pesar del costo económico, las muertes y los abusos continúan acumulándose. Las calles de la República Dominicana, en lugar de ser más seguras, se han convertido en un espacio donde el miedo domina, y los ciudadanos, en lugar de ser protegidos, son las principales víctimas de quienes deberían garantizar su seguridad.
Hoy, más que nunca, la pregunta que debemos hacernos es: ¿quién nos protege de los protectores?
