Buenos días. El Tribunal de Atención Permanente de Santiago impuso ayer 18 meses de prisión preventiva a dos ex directivos del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a quienes se les acusa de integrar y dirigir una estructura mafiosa responsable del desvío de millones de pesos que debieron ser destinados a la atención de pacientes con cáncer. Una tercera imputada, que se desempeñara como ex vicepresidenta del Patronato, le fue impuesta una prisión domiciliaria bajo la conveniencia de que colaborará con el Ministerio Público. De ser ciertas las imputaciones contra los acusados, los desalmados ladrones sustrajeron los fondos mediante distintos mecanismos fraudulentos, entre estos fraude clínico y farmacéutico a través del cambio de indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsos, doble facturación al SeNaSa y la entrega incompleta de medicamentos. De igual manera, se valieron de la prohibición de donaciones gratuitas de medicamentos, la venta de medicamentos donados, el contrabando con exoneraciones fiscales y el tráfico con sustancias controladas. La mafia también recurrió a la utilización de habitaciones del oncológico para realizar cirugías estéticas, al gasto ilegítimo de representación, a reembolsos fraudulentos de gastos en viajes y hoteles, así como sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos. ¡Todo un derroche de acciones criminales ejecutado por malandrines a quienes no le importó que sus víctimas más directas, eran personas afectadas nada más y nada menos que de cáncer! Lo que se espera es que, sin titubeos ni componendas, la justicia actué sin reparos, sin dejar cabos sueltos, sin excluir a ningún o ninguna sospechosa de beneficiarse directa o indirectamente de esas despiadadas acciones que solo pueden compararse con el abominable caso Senasa. Lo ocurrido en el Instituto Oncológico de Santiago es inaudito y de confirmarse las imputaciones formuladas, el país estaría frente a una de las expresiones más crueles de corrupción. Robar recursos destinados a personas que luchan por preservar su vida no solo constituye una violación de la ley; representa una profunda quiebra de los principios más elementales de humanidad. Peor aún, en estos casos, el daño trasciende lo económico, compromete la confianza en las instituciones y hiere el tejido moral de la sociedad. Como país nos sobran conocimientos y padecimientos relacionados con actos de corrupción, pero cuando alcanza al sistema de salud, la odiosa práctica deja de ser únicamente un delito contra el patrimonio público para convertirse en una agresión directa contra la vida y la dignidad humana. La salud no puede ser tratada como un negocio para intereses particulares. Es un derecho fundamental y una responsabilidad colectiva. Proteger los recursos destinados a hospitales, medicamentos y programas de atención, significa proteger la vida de millones de dominicanos. Los pueblos no se destruyen únicamente por las crisis económicas o los conflictos políticos. También se deterioran cuando la corrupción invade los espacios donde la sociedad deposita su mayor confianza: la salud, la educación y la justicia. Robarle a un enfermo es arrebatarle una oportunidad de vivir; hacerlo desde una institución llamada a protegerlo constituye una de las formas más graves de traición al servicio público. La República Dominicana no puede permitir que la indiferencia termine normalizando lo inaceptable. Las nuevas generaciones merecen heredar un país donde la honestidad sea motivo de orgullo y no una excepción digna de aplauso. Por eso se espera la aplicación de justica plena, sin contemplaciones…
