El reciente anuncio del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, sobre la deportación de 10,000 indocumentados por semana hacia Haití ha generado un escepticismo generalizado entre los dominicanos. Si bien el presidente parece proyectar una postura firme ante el problema de la migración ilegal, particularmente de haitianos, un análisis más profundo revela que estas promesas no solo carecen de sustento, sino que representan una estrategia populista carente de viabilidad real. Los hechos sugieren que esta retórica no solo es impracticable, sino que también oculta los intereses económicos y políticos de la élite que realmente gobierna el país.
Es evidente que los intereses detrás de la migración haitiana en la República Dominicana están ligados, en gran parte, al empresariado dominicano. La presencia de haitianos indocumentados no es un mero accidente, sino una condición que beneficia directamente a los sectores más poderosos de la sociedad. Los haitianos proporcionan mano de obra barata, y los ricos prefieren mantener a estos trabajadores en una situación vulnerable e indocumentada porque les permite pagar salarios mínimos sin ofrecer derechos laborales ni seguridad social.
Bajo este esquema, la clase dominante, a la cual pertenece el propio Luis Abinader, se asegura un suministro constante de trabajadores dispuestos a realizar tareas que muchos dominicanos rechazarían, pero por sueldos de miseria. El presidente, siendo un prominente empresario, difícilmente va a implementar políticas que perjudiquen los intereses de su clase. Deportar masivamente a los haitianos indocumentados significaría, para los grandes terratenientes y empresarios, perder su fuente de trabajo barata y, con ello, ver un aumento en los costos de producción.
Otro elemento que pone en duda la seriedad de la promesa de deportación masiva es la postura de la vicepresidenta Raquel Peña, quien, tras el anuncio de Abinader, sugirió que la mano de obra ilegal debía ser legalizada. Este planteamiento es más coherente con la lógica del sistema: en lugar de deportar, se buscaría regularizar a los indocumentados para asegurar un flujo controlado de mano de obra barata que siga beneficiando al empresariado. Las palabras de la vicepresidenta no son una simple opinión aislada; son un reflejo del verdadero rumbo que sigue la administración actual.
Luis Abinader no es un político tradicional. Es un empresario exitoso y miembro de una de las familias más influyentes del país. Como tal, su gobierno no se ha caracterizado por políticas que afecten los intereses de la clase a la que pertenece. Al contrario, ha gobernado en favor de un sector que prioriza el crecimiento económico y el beneficio empresarial, dejando de lado a los sectores más empobrecidos de la sociedad. ¿Por qué habría de ser diferente en el tema de la migración? Prometer deportaciones masivas suena atractivo para ciertos sectores de la población, pero en la práctica, es incompatible con los intereses del empresariado, que depende de esta fuerza laboral.
El impacto de la migración haitiana en la República Dominicana es complejo, pero lo que queda claro es que, para los sectores empresariales, la mano de obra haitiana representa una ventaja económica, mientras que para las clases más bajas del país, representa una mayor presión en los servicios sociales y una reducción en las oportunidades laborales. Al emplear a trabajadores haitianos por salarios bajos, los empresarios no solo disminuyen sus costos laborales, sino que también eluden obligaciones como el pago de la seguridad social, lo que les permite seguir maximizando sus ganancias.
Sin embargo, para los dominicanos de clase baja, la situación es muy diferente. La presencia de trabajadores dispuestos a aceptar salarios mínimos reduce el poder de negociación de los trabajadores dominicanos, manteniendo los salarios en niveles bajos y empeorando las condiciones laborales. Además, estos trabajadores indocumentados consumen recursos destinados a la salud y educación, sectores ya de por sí debilitados, lo que genera una percepción de competencia por los escasos recursos del Estado.
El anuncio de deportar a 10,000 indocumentados por semana es simplemente inviable desde un punto de vista logístico, económico y político. Para lograr esa cifra, el gobierno tendría que destinar recursos y personal a una operación masiva y sostenida, algo que claramente no está ocurriendo ni ocurrirá. Las deportaciones masivas generarían tensiones internacionales con Haití y pondrían en evidencia la incapacidad del Estado dominicano para gestionar de manera efectiva la migración. Además, no se puede ignorar que, si estas deportaciones realmente se llevaran a cabo, el impacto económico en sectores como la construcción y la agricultura sería devastador, algo que ningún gobierno empresarial está dispuesto a arriesgar.
A pesar de la retórica, cada vez más dominicanos están empezando a entender que esta situación tiene una doble cara. Mientras que los migrantes haitianos son percibidos por algunos sectores como una amenaza económica y cultural, los verdaderos beneficiados son los empresarios que han creado un sistema en el que la pobreza y la vulnerabilidad de los haitianos sirven como motor para su propio enriquecimiento. El gobierno de Abinader, lejos de resolver la crisis migratoria, se aprovecha de la misma para fortalecer su base de apoyo entre los sectores más poderosos del país.
La promesa de deportaciones masivas no es más que una maniobra para distraer a la población de los verdaderos problemas estructurales que enfrenta la República Dominicana. En lugar de resolver los problemas de fondo, como el bajo salario mínimo, la falta de oportunidades laborales y la explotación de la mano de obra, el gobierno prefiere recurrir a promesas grandilocuentes que, en última instancia, solo sirven para proteger los intereses de una élite privilegiada.
El anuncio de Luis Abinader sobre la deportación masiva de indocumentados debería ir acompañado de una aplicación estricta y coherente de la Ley de Migración, que estipula un balance del 80-20 en la contratación de mano de obra, favoreciendo a los trabajadores dominicanos. No se puede abordar el tema migratorio sin garantizar que esta normativa se cumpla, asegurando que el empresariado respete la proporción establecida por ley y deje de depender exclusivamente de la mano de obra extranjera barata.
Además, es imperativo que las políticas migratorias se enfoquen en desincentivar la migración ilegal, fortaleciendo la seguridad en la frontera, mejorando los controles migratorios y sancionando a las empresas que contratan a trabajadores sin documentos.
Estas medidas, acompañadas de un esfuerzo coordinado entre el gobierno y los sectores productivos, no solo reducirían la presión sobre los servicios públicos y el empleo local, sino que también contribuirían a crear un sistema más justo, donde el respeto a las leyes sea la norma y no la excepción.
