Buenos días. Un crecimiento inusitado de malos olores se ha dejado sentir en varias dependencias públicas de República Dominicana. El tufo a prácticas poco transparentes, a acciones que ponen entredicho el compromiso de quebrar de forma ejemplarizadora cualquier intento de manejo dudoso de los fondos públicos, se ha esparcido con justificada preocupación. Se está consciente de que muchas veces, entre radio bemba y el morbo político, se fabrican historias y denuncias, rumores y chismes, que en ocasiones no tienen conexiones con la verdad, pero que siembran dudas entre la gente. Tanto quienes ejercen funciones públicas como los máximos responsables del ejercicio del poder, están obligados a apostar a la transparencia, a evitar escándalos por actos pecaminosos, a demostrar ante la sociedad que no se trata de amagar, sino de golpear con contundencia toda acción que represente un despojo de beneficios, de la índole que sea, de lo que pertenece al país, al pueblo dominicano. Es hedor incómodo lo que bulle desde instancias como Educación, Senasa, Inabie y otras tantas. La propia Dirección General de Ética admite que, entre 2020/2025, ha recibido más de 1,250 denuncias, 287 de las cuales descansan en poder del Ministerio de Administración Pública y 49 del Ministerio Público. El incómodo hedor requiere que el Gobierno ponga el ojo en su administración y active mecanismos en capacidad de detectar y enfrentar la comisión de actos indecorosos, que precisamente esta administración, por sus promesas electorales, no se puede permitir ante la ciudadanía…
