En República Dominicana, hablar de medioambiente es hablar de un fracaso colectivo de la clase política. A lo largo de nuestra historia reciente, los partidos han demostrado ser incapaces de enfrentar la depredación sistemática de nuestros recursos naturales. No se trata de falta de leyes —la Constitución y la Ley General de Medio Ambiente son claras—, sino de la ausencia de voluntad política, secuestrada por intereses económicos y clientelismo.
Mientras los discursos electorales se llenan de promesas verdes, en la práctica los bosques retroceden, los ríos agonizan y las áreas protegidas son violadas en nombre de la minería, la agricultura o el turismo descontrolado. El medioambiente se convierte en simple retórica electoral, nunca en política de Estado.
Complicidad histórica
Ningún partido que haya ejercido el poder político está libre de culpa. Gobiernos de todos los colores han permitido prácticas depredadoras: concesiones mineras en zonas sensibles, tala indiscriminada, ocupaciones agrícolas en parques nacionales y extracción ilegal de arena en ríos.
El caso de Valle Nuevo, vital para el abastecimiento de agua, es una muestra: durante años fue ocupado y explotado con el consentimiento de las autoridades. Solo la presión ciudadana obligó a tomar medidas a medias, pues ningún político quiso pagar el costo de enfrentarse a sectores poderosos.
Algo similar ocurre con la Loma Miranda, donde tras años de lucha social, ningún gobierno se atrevió a declarar la zona parque nacional por temor a confrontar a las transnacionales mineras.
Incoherencia del presente
Hoy, aunque la crisis climática global exige acción inmediata, la agenda ambiental dominicana sigue siendo débil. El Ministerio de Medio Ambiente maneja un presupuesto marginal y la Procuraduría Ambiental carece de fuerza real.
En la frontera con Haití, la deforestación avanza sin que existan políticas firmes. En los ríos, la extracción de agregados continúa a la vista de todos. En los bosques, la tala ilegal persiste gracias a la protección política.
Las trabas del sistema político
Tres grandes razones explican por qué los partidos no actúan:
Financiamiento privado: muchas campañas se sostienen con dinero de empresarios ligados a negocios depredadores.
Clientelismo: enfrentarse a comunidades que sobreviven con prácticas dañinas implica un costo electoral que ningún político asume.
Instituciones débiles: aunque las leyes existen, la justicia ambiental es frágil y vulnerable a la presión económica.
Un cambio impostergable
Si el país quiere sobrevivir, debe romper con esta lógica. Blindar las áreas protegidas, reformar el financiamiento político, aumentar el presupuesto ambiental, crear tribunales especializados y convertir la sostenibilidad en eje de desarrollo no son lujos, son urgencias.
El deterioro ambiental no es fruto de la ignorancia: es la consecuencia directa de una clase política cómplice de su destrucción. Los partidos han fallado porque priorizan los intereses de quienes financian sus campañas y el cálculo electoral por encima de la naturaleza.
Los bosques no votan, los ríos no negocian y la biodiversidad no entiende de clientelismo. Si los políticos siguen indiferentes, lo que está en juego no son simples recursos, sino la viabilidad misma de la nación.
La República Dominicana necesita líderes capaces de romper con la hipocresía verde y enfrentar, de una vez por todas, el crimen contra su naturaleza.
