Buenos días. A cada paso nos asaltan los titulares de los diarios con un tema que se ha convertido en recurrente: la violación a niños y adolescentes. Casi siempre los escenarios y los actores son los mismos: familiares cercanos, sacerdotes y profesores. Se han dado casos, además, de violadores que actúan en grupos, siendo de los más reciente que recordemos, el ocurrido en el municipio de Villa González de la provincia de Santiago, en septiembre pasado, donde una banda compuesta por seis individuos violó en grupo a una joven. Casi siempre estos desagradables episodios envuelven a niños y, como en el caso de Brianna, la sociedad, la familia, quedan impactadas y mal resarcidas. Es penoso que mientras esa rémora maldita cada vez se hace más presente y frecuente, la nación dominicana siga apegada a fórmulas y métodos legales que no han logrado frenar el mal y, por el contrario, lo lamentablemente medible es su preocupante crecimiento. Ese contexto hace urgente que, sin vacilaciones, las violaciones a niños y adolescentes gocen de un abordable legal diferente en el que los victimarios reciben el castigo que merecen. Hemos repetido a todo pulmón la necesidad de que se actúe con responsabilidad ante mal y que para ello, se apruebe una ley de castración química obligatoria, olvidándonos de “regenerar “a bestias que cuando salen de las cárceles, por igual siguen haciendo daños. La sociedad tiene que cortar de raíz estas progresivas prácticas y la mejor formar de lograrlo, es exigiendo como un solo cuerpo una ley como la sugerida para que todo pervertido que intente o cometa una acción de esa naturaleza, sencillamente sea castrado y/o sacado del medio. Solo que los pruritos religiosos y los compromisos con determinados intereses, lamentablemente son más fuertes.
