Buenos días. La sociedad dominicana tiene opiniones divididas en relación a las “ejecuciones extrajudiciales”, como suelen llamarles sectores, cometidas por la Policía Nacional en contra de personas que ella tilda como “delincuentes” y en consecuencias, decide “darle para abajo”. La práctica es controversial y definitivamente ilegal, en tanto no existe en el país la pena de muerte y por consiguiente no está establecido el procedimiento de las ejecuciones de ciudadanos a quienes, sin la intervención de los tribunales de justicia, la institución sencillamente acaba con sus vidas bajo el alegado de que son delincuentes. El proceder es pan nuestro de cada día, pero a nadie sorprende a pesar de lo ruidoso, cíclico y de que implica vidas de seres humanos. Las propias autoridades revelan que la semana pasada agentes policiales asesinaron en supuestos “intercambios de disparos”, a un total de siete personas, mientras que en los primeros siete meses del 2024 el número de casos ascendió a 86. Es como si siguiéramos creyendo que asesinando “delincuentes” acabaremos con la delincuencia. No obstante, la realidad que vive República Dominicana es otra, revela que la práctica del gatillo alegre solo ha servido para quitar vidas. Y mientras no se institucionalicen las ejecuciones de personas previamente juzgadas y condenadas, el papel de la autoridad tiene que limitarse a dejar en manos de los tribunales a quienes asuman o se compruebe que son delincuentes. Detrás de esa práctica se esconden acciones que tambien ameritan frenarse en lo inmediato.
