Buenos días. En su editorial de este jueves el periódico Camino, órgano de la Iglesia Católica en Santiago, se queja de que, desde medios de comunicación del país, “se está destruyendo el tejido social dominicano al emplear un lenguaje vulgar, violento y disociador”, algo que a su entender se ha establecido como un estilo. Advierte que ante el feo panorama hay sectores de la vida nacional que reclaman se ponga freno “a ese libertinaje en que han caído muchos comunicadores”. Alarmada por la abundancia, frecuencia e impacto que ese tipo de conducta alcanza en la sociedad, los católicos sostienen que no se debe perder un minuto más “en la tarea de adecentar los medios de comunicación para que no sigan haciendo el gran daño entre los ciudadanos”. La preocupación de la Iglesia Católica se ha hecho una conducta recurrente entre muchos dominicanos que no saben qué hacer ante un fenómeno que se ha instalado como norma y que se ampara, en lo fundamental, en la indiferencia del Estado para acabar con él. El problema es mucho más complejo y abarca a diversos actores que fungen como responsables de su existencia y empuje, entre los que no solo hasta el propio Estado, sino los dueños de los medios por donde se difunden los contenidos basuras y vulgares. No es posible seguir permitiendo que cualquier pelafustán, analfabeto y mercader, acceda a los medios electrónicos para hacer programas y que lo único que se le exija es la garantía de pago por el arrendamiento. Tampoco es posible que perdure una postura contemplativa, permisiva e irresponsable de quienes están en la obligación de liberar a la sociedad de esa plaga. Pero, ¿Quién se atreve a tocar esos intereses?
