Buenos días. Toda persona que se valga de los medios masivos de comunicación para tramitar, difundir, comunicar ideas, pensamientos e información, tiene que estar consciente de que, como individuo, está sujeto a límites y de que, además, el medio tiene deberes y responsabilidades de carácter social, que no puede ignorar o simplemente pretender que dispone de una patente de corso que le otorga libertad para exabruptos y desenfrenos. Por igual, todo político en desempeño de funciones públicas debe asumir, aceptar, comprender, que está expuesto al escrutinio público y que pudiera enfrenttarse a cuestionamientos que no resulten de su agrado. Actuaría de forma errónea si ante cada señalamiento que considera en su contra, que entienda como inapropiado e injusto, se aferre a contraatacar de forma agresiva o recurriendo a los tribunales. En cualquiera de los dos escenarios la prudencia, la tolerancia, parecen ser mejores consejeras. Por eso, era preferible que la señora gobernadora de Santiago, Rosa Santos, dirimiera sus diferencias con los productores de programas del canal local Luna TV, antes que someterles a la justicia bajo la acusación de violar varios artículos del Código Penal, en lo referente a la difamación e injuria. Incluso, hacer uso del derecho a réplica, consagrado en la Ley 6132, para ofrecer a la sociedad su versión acerca de los señalamientos que ella considera de caracter penal, que le pudieran estar imputando los comunicadores Roberto Tineo, David Lantigua y Javier Tavéraz. Pero, además, es un exabrupto pedir el cierre del referido canal por tratarse de una aspiración que desborda el estado de derecho que prevalece en nuestro país. La Gobernadora aún está a tiempo de enmendar un proceder a todas luces erróneo y, en su lugar, explorar vías de entendimiento que faciliten el esclareciendo puntual ante la sociedad, de los asuntos que considera perjudiciales a su persona. Por igual, los demandados están en el deber de contribuir con la cuota de sentido comun que demandan las circunstancias.
