La educación dominicana no está huérfana de diagnósticos. Está cansada de que cada cierto tiempo el país vuelva a preguntarse lo que ya sabe, vuelva a convocar a los mismos sectores, vuelva a organizar mesas, foros y discursos, mientras en las aulas persisten problemas que no necesitan más ceremonias de identificación, sino decisiones sostenidas, responsables y medibles.
El Gobierno dominicano lanzó este jueves 11 de junio la Consulta Nacional para el Futuro de la Educación Dominicana, presentada como un proceso amplio, participativo y representativo para escuchar a sectores sociales sobre la educación que necesita el país. Según la Presidencia, la iniciativa responde al Decreto 309-26 y busca recoger opiniones, experiencias y propuestas para orientar la transformación educativa y avanzar hacia una nueva ley de educación.
Consultar no es negativo. Ninguna reforma educativa seria debe hacerse de espaldas a la sociedad. La educación involucra al Estado, a los docentes, a las familias, a los estudiantes, a las universidades, al sector productivo y a las comunidades. Pero una cosa es consultar para decidir mejor, y otra muy distinta es consultar para aplazar decisiones que el país lleva años posponiendo. El problema no es escuchar. El problema es cuando escuchar se convierte en sustituto de ejecutar.
El propio relato oficial reconoce, aunque no siempre lo diga con todas sus consecuencias, que los desafíos están identificados. El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, al presentar el calendario de la consulta ante el Consejo Económico y Social, recordó que desde 2014 el país cuenta con un Pacto Educativo y con la inversión del 4 % del PIB, y planteó una pregunta que debería ser el centro de todo este debate: por qué, si existen buenas intenciones, compromiso y recursos, la educación dominicana aún no avanza al ritmo que demanda la calidad y la pertinencia.
Esa pregunta es más importante que la consulta misma. Porque si después de doce años de Pacto Educativo, de miles de millones invertidos, de múltiples planes, evaluaciones, informes, compromisos públicos y cambios de ministros seguimos preguntando por qué la escuela no logra transformar el aprendizaje, entonces el problema no está en la falta de diagnósticos. Está en la falta de consecuencias.
El Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030 no nació como un documento decorativo. En su propio texto se reconocía que era necesario superar los “nudos y obstáculos” que habían impedido que leyes, planes e iniciativas lograran plenamente sus objetivos. También asumía la necesidad de instalar una cultura de evaluación integral, sistemática, permanente y transversal en todos los procesos y actores del sistema educativo. Doce años después, el país no necesita fingir sorpresa ante los mismos nudos. Necesita saber quiénes debían desatarlos, qué se hizo, qué no se hizo y por qué.
Los resultados internacionales confirman la gravedad del desafío. En PISA 2022, República Dominicana obtuvo sus mejores resultados históricos, según el propio Ministerio de Educación: 351 puntos en Lectura, 360 en Ciencias y 339 en Matemáticas. Ese avance debe reconocerse, porque negar cualquier mejora sería injusto y poco serio. Pero la mejora no puede ocultar la distancia. La OCDE reportó que los estudiantes dominicanos siguen por debajo del promedio de los países de esa organización en Matemáticas, Lectura y Ciencias.
El dato más duro no está solo en el puntaje, sino en los niveles mínimos de competencia. La OCDE señala que apenas el 8 % de los estudiantes dominicanos alcanzó al menos el nivel 2 en Matemáticas, frente al 69 % promedio de la OCDE; en Lectura, solo el 25 % alcanzó ese nivel, frente al 74 %; y en Ciencias, el 23 %, frente al 76 %. Traducido al lenguaje de la calle: demasiados estudiantes pasan por la escuela sin dominar suficientemente las herramientas básicas para comprender, razonar, resolver problemas y participar con ventaja en el mundo que les espera.
Ahí está el corazón del asunto. La educación no se transforma con titulares sobre participación nacional, sino con aprendizaje real. Una consulta puede producir documentos, consensos y fotografías. Pero ningún estudiante aprende más matemáticas porque una comisión se reunió. Ningún niño comprende mejor lo que lee porque se anunció una nueva etapa. Ningún docente enseña mejor porque se repitió que la educación es tarea de todos. El sistema necesita menos solemnidad y más eficacia.
El Gobierno tiene derecho a impulsar una nueva ley de educación si entiende que el marco vigente ya no responde a las exigencias del país. De hecho, la Presidencia ha indicado que uno de los propósitos centrales de la consulta es reunir aportes para avanzar hacia una nueva legislación educativa, y que el proceso incluirá al Ministerio de Educación, el MESCYT, el MAP e INFOTEP. Pero una nueva ley no garantiza, por sí sola, una nueva educación. La República Dominicana sabe demasiado bien que puede tener buenos textos legales y malos resultados prácticos.
También se ha informado que la consulta tendrá dos mecanismos de participación: una consulta territorial, con foros regionales, encuentros sectoriales y consultas con dominicanos residentes en el exterior; y una consulta abierta mediante plataforma digital, con aportes de ciudadanos, especialistas, exfuncionarios, académicos y medios. Eso puede ampliar voces. Pero el país debe exigir algo más: metodología clara, cronograma público, presupuesto transparente, responsables identificados, metas verificables, publicación de resultados y un mecanismo de seguimiento que no dependa del entusiasmo del momento.
Porque si algo ha demostrado la historia educativa dominicana es que el país sabe hablar de educación. Lo difícil ha sido sostener la ejecución. Cada gestión quiere inaugurar su propio relato, su propio plan, su propia hoja de ruta, su propio lenguaje. Mientras tanto, la escuela real sigue esperando continuidad. Y la educación no mejora cuando cada administración vuelve a colocar el punto de partida donde le conviene políticamente.
La escuela dominicana no necesita que le pregunten otra vez si tiene problemas de aprendizaje. Los tiene. No necesita que le pregunten si hay brechas territoriales. Las hay. No necesita que le pregunten si muchos docentes requieren acompañamiento serio y formación continua efectiva. Lo requieren. No necesita que le pregunten si la infraestructura escolar, la gestión de centros, la disciplina, la participación familiar, la tecnología y la evaluación siguen siendo desafíos. Lo son. La pregunta seria no es qué duele; es por qué no se ha curado.
Incluso donde hay avances, la realidad obliga a no bajar la guardia. El MINERD informó en abril de 2026 que la tasa de abandono escolar en secundaria pasó de 6.3 % en 2020-2021 a 5.7 % en 2024-2025, presentándolo como una mejora sostenida. Ese dato es positivo. Pero otros diagnósticos advierten que el problema de permanencia y culminación sigue siendo profundo. La Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad, en su Informe de Seguimiento y Monitoreo 2024, señaló que uno de cada cuatro adolescentes entre 15 y 17 años permanece fuera del sistema educativo, además de alertar sobre jóvenes que no han terminado la educación básica y rezagos en programas de educación de adultos.
No basta, entonces, con exhibir indicadores favorables. Hay que mirar el cuadro completo. Un sistema puede mejorar en un renglón y seguir fallando en lo esencial. Puede reducir abandono y mantener bajos aprendizajes. Puede aumentar matrícula y no garantizar calidad. Puede expandir programas y no resolver desigualdades. Puede invertir mucho y obtener poco. La educación exige una lectura integral, no una vitrina de logros aislados.
La consulta, si quiere ser seria, debe comenzar por una auditoría intelectual y política de lo ya hecho. ¿Qué compromisos del Pacto Educativo se cumplieron? ¿Cuáles quedaron a medias? ¿Cuáles fracasaron? ¿Qué programas produjeron resultados medibles? ¿Cuáles consumieron recursos sin impacto suficiente? ¿Qué responsabilidad tuvieron los gobiernos, el MINERD, la ADP, los directores, las familias, las universidades formadoras, el Congreso y los organismos de seguimiento? Sin esas preguntas, la consulta corre el riesgo de convertirse en una conversación amable sobre un problema grave.
El Gobierno no puede esconderse detrás de la idea de que la educación es responsabilidad de todos. Es cierto: la educación compromete a toda la sociedad. Pero la responsabilidad de todos no puede convertirse en excusa para que nadie responda. Quien administra el presupuesto, diseña la política pública, nombra autoridades, define prioridades, ejecuta programas y dirige el sistema tiene una responsabilidad principal. La corresponsabilidad no diluye el deber del Estado; lo acompaña.
Tampoco la ADP puede colocarse fuera del examen. No hay transformación educativa sin docentes dignificados, formados, evaluados y acompañados; pero tampoco hay calidad posible si la defensa gremial termina bloqueando toda exigencia de desempeño. Las familias también deben asumir su parte: ningún sistema escolar puede sustituir completamente el acompañamiento del hogar, la disciplina básica, el hábito de lectura y el respeto al maestro. La sociedad completa tiene deberes, sí. Pero el liderazgo institucional debe comenzar arriba.
El Gobierno ha presentado la consulta como una oportunidad para construir una educación más pertinente, inclusiva, articulada y conectada con las necesidades del país. La frase suena correcta. El problema es que la educación dominicana ya ha escuchado muchas frases correctas. Lo que falta no es vocabulario de transformación, sino transformación con calendario, indicadores y rendición de cuentas.
El país debería exigir que esta consulta no termine en otro documento que se cite en seminarios y se olvide en las aulas. Debe tener metas concretas: cuánto mejorará la comprensión lectora, en qué plazo, con qué estrategia, en cuáles grados, con cuáles responsables y cómo se medirá. Cuánto avanzará Matemáticas. Qué se hará con los estudiantes rezagados. Cómo se formará y acompañará al docente. Cómo se ordenará la tecnología. Cómo se fortalecerá la autoridad escolar. Cómo se garantizará que las escuelas tengan condiciones mínimas. Cómo se reducirá la sobreedad, el abandono y la exclusión. Cómo se premiará lo que funciona y se eliminará lo que no.
La educación no puede seguir siendo laboratorio de anuncios. Cada estudiante que no aprende a tiempo paga un costo que no se recupera con discursos futuros. Cada año perdido en diagnóstico redundante agranda la deuda social. Cada reforma que empieza sin evaluar la anterior reproduce el mismo círculo: promesa, entusiasmo, comisión, informe, archivo y frustración.
El momento exige una crítica firme, pero justa. No se debe rechazar la consulta por el simple hecho de ser consulta. Sería absurdo oponerse a escuchar a la sociedad. Lo que debe rechazarse es la tentación de convertir la participación en escudo político. Si el Gobierno quiere escuchar, que escuche también lo incómodo: que el país ha invertido mucho y aprendido poco; que el 4 % fue una conquista financiera, pero no una garantía automática de calidad; que los diagnósticos abundan y la ejecución sostenida escasea; que los estudiantes no pueden esperar a que cada gestión reinvente el punto de partida.
Una consulta seria no debe empezar preguntando qué educación queremos, como si esa pregunta no hubiera sido respondida mil veces. Debe empezar admitiendo qué educación no hemos sido capaces de construir pese a los recursos, los pactos y las promesas. Ese reconocimiento sería más útil que cualquier ceremonia.
La escuela dominicana no resiste más diagnósticos si esos diagnósticos no producen responsabilidad. No resiste más planes si esos planes no tienen consecuencias. No resiste más discursos sobre el futuro si el presente sigue entregando estudiantes con aprendizajes insuficientes. No resiste más consensos simbólicos mientras el aula real pide decisiones prácticas.
La Consulta Nacional para el Futuro de la Educación Dominicana puede ser una oportunidad. Pero solo lo será si no pretende borrar la memoria institucional del país. Debe partir de lo ya diagnosticado, no del simulacro de descubrimiento. Debe ordenar prioridades, no acumular opiniones. Debe conducir a decisiones, no a otro documento ceremonial. Debe comprometer responsables, no repartir culpas en abstracto.
La educación dominicana no necesita empezar otra vez desde la pregunta. Necesita pasar, de una vez, de los diagnósticos a la responsabilidad verificable. Porque la escuela no se salva preguntando eternamente qué le duele. Se salva cuando alguien asume, con seriedad, la tarea de curarla.
La nueva consulta educativa solo tendrá valor si rompe el ciclo dominicano de diagnosticar sin ejecutar. El país ya sabe que tiene una crisis de aprendizaje, brechas sociales, debilidades de gestión, formación docente pendiente y problemas de continuidad institucional. Lo que falta no es otra ronda de preguntas, sino una ruta con metas, responsables, plazos y rendición de cuentas. Consultar puede ser útil; postergar con elegancia sería imperdonable.
