El ciudadano puede apagar una bombilla; el Estado tiene que explicar por qué sus distribuidoras pierden casi cuatro de cada diez unidades de energía y necesitan más de RD$112,400 millones para cubrir su déficit.
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, tiene razón en lo elemental: nadie debe desperdiciar electricidad. Apagar luces innecesarias, regular los acondicionadores de aire y desconectar equipos que no se utilizan son prácticas responsables en cualquier país, con calor extremo o sin él.
El problema comienza cuando una recomendación doméstica se presenta como respuesta principal a una falla estructural del Estado.
Durante julio, la demanda eléctrica dominicana rompió seis veces su récord histórico. El máximo llegó a 4,330 megavatios de potencia instantánea en la noche del miércoles 29. El Gobierno atribuye ese crecimiento a las elevadas temperaturas, al mayor uso de equipos de climatización y al dinamismo económico. El dato climático es incontestable: la sensación térmica alcanzó entre 43 y 48 grados Celsius en el Gran Santo Domingo y hasta 50 grados en Santiago Rodríguez. (Acento)
También es atendible la advertencia técnica. Según Santos, cuando cae la noche salen del sistema alrededor de 1,780 megavatios de generación solar y queda una capacidad efectiva de entre 4,400 y 4,700 megavatios. Comparada con el pico de 4,330, esa capacidad deja un margen de apenas 70 a 370 megavatios. No equivale a un colapso inevitable, pero revela un sistema operando con estrechez precisamente en las horas de mayor consumo.
Ese cuadro exige eficiencia, pero también planificación. El crecimiento de la energía solar debió ir acompañado de almacenamiento, generación firme de respaldo, transmisión suficiente y redes capaces de soportar la demanda. La responsabilidad individual ayuda; no sustituye ninguna de esas obligaciones.
El Gobierno sabe dónde está el problema más costoso. Lo acaba de admitir en un documento oficial.
El informe Monitoreo del Sector Energético 2024, publicado en junio por el Ministerio de Hacienda y Economía, estableció que las empresas distribuidoras compraron 20,390.7 gigavatios hora de electricidad durante 2024. La factura pagada a los generadores ascendió a US$3,080 millones, mientras los cobros por energía sumaron US$2,037.8 millones, apenas el 66.2 % del costo de compra.
El mismo informe calculó pérdidas técnicas y comerciales de 37.6 %, equivalentes a US$1,159.3 millones, y situó el Índice de Recuperación de Efectivo en 59.5 %. En lenguaje llano: por cada cien pesos de energía adquirida, las distribuidoras solo recuperaron en efectivo 59 pesos con 50 centavos. (Ministerio de Hacienda y Economía)
La situación, lejos de corregirse, empeoró. Las pérdidas conjuntas de Edenorte, Edesur y Edeeste subieron a 38.7 % en marzo de 2026. Casi cuatro de cada diez kilovatios-hora que entran a la red se pierden técnicamente o no se convierten en ingresos efectivos.
La evolución obliga a abandonar las explicaciones cómodas. Las pérdidas eran de 33.1 % al cierre de 2020, bajaron a 32.4 % en 2022, pero aumentaron a 36 % en 2023, a 37.6 % en 2024 y a 38.7 % en marzo de este año. El Gobierno recibió un sistema históricamente defectuoso, pero después de seis años ya no puede presentar como herencia lo que sus propios indicadores muestran como deterioro bajo su administración.
La ineficiencia tiene una factura que termina en manos del contribuyente. En 2024, el subsidio eléctrico ejecutado por el Gobierno Central alcanzó RD$100,700.1 millones, equivalente al 1.4 % del producto interno bruto. Solo entre enero y el 12 de junio de 2026 se habían transferido RD$58,836.1 millones a las distribuidoras para cubrir su déficit: el 63.6 % de lo presupuestado para todo el año. El ministro de Hacienda, Magín Díaz, adelantó que el faltante anual superaría los RD$112,400 millones. (Diario Libre)
El ciudadano dominicano paga así varias veces por la misma electricidad: en la factura mensual, mediante los impuestos que financian el déficit y, en numerosos hogares y negocios, con inversores, baterías, plantas o combustible para protegerse de las interrupciones. Pedirle que además asuma el centro de la responsabilidad constituye una inversión difícil de justificar.
Las causas tampoco son misteriosas. El informe oficial identifica redes antiguas o sobrecargadas, conexiones ilegales, fallas de medición, consumos estimados y errores de facturación. Ninguno de esos problemas se resuelve desconectando el cargador del teléfono. Requieren inversión selectiva, gestión comercial, medidores confiables, persecución del fraude sin privilegios y consecuencias para los administradores que incumplen sus metas.
El Plan de Eficiencia Energética Gubernamental, establecido mediante la Resolución R-MEM-ADM-019-2026, es una medida correcta. Las instituciones públicas deben regular el uso de acondicionadores, desconectar equipos y racionalizar sus horarios. Pero el ejemplo estatal no puede limitarse a apagar luces en las oficinas. Debe extenderse a transparentar cuánto ahorra cada entidad, cuánto pierde cada distribuidora y qué funcionario responde por cada meta incumplida. (Ministerio de Energía y Minas)
La propuesta de una ley de eficiencia energética también merece discusión. Un marco permanente puede promover edificaciones de menor consumo, equipos eficientes y mejores hábitos. Sin embargo, ninguna ley compensará por sí sola una distribución que pierde el 38.7 % de la energía que recibe. Legislar sobre el bombillo mientras se tolera el agujero de las EDE sería ordenar la sala con el techo abierto.
La rendición de cuentas debería comenzar con un tablero público mensual por distribuidora: pérdidas técnicas y comerciales separadas, energía comprada, energía facturada, cobros, inversiones ejecutadas, circuitos rehabilitados y metas con responsables identificados. A eso deben sumarse un plan verificable de almacenamiento y respaldo nocturno, la modernización de redes y una evaluación independiente del uso de los recursos transferidos.
Ahorrar electricidad es una responsabilidad compartida. El Gobierno puede solicitar colaboración y la ciudadanía debe responder con sensatez. Pero la proporción de las cargas no puede falsificarse: una familia puede apagar una bombilla; solo el Estado puede sanear las distribuidoras, planificar la expansión y evitar que más de cien mil millones de pesos sean absorbidos cada año por el mismo déficit.
El ciudadano tiene el deber de no desperdiciar la energía que recibe. El Gobierno tiene una obligación mayor: dejar de perder la que compra con el dinero de todos.
