Por Julio Disla
El sistema internacional surgido después de la Segunda Guerra Mundial atraviesa la crisis más profunda de toda su existencia. Lo que durante décadas fue presentado como un orden basado en normas, instituciones multilaterales y principios universales, hoy revela sus profundas contradicciones y su incapacidad para responder a los desafíos de un mundo en transformación.
Cuando en 1945 se fundó la Organización de las Naciones Unidas, la humanidad salía de la mayor tragedia de su historia. Millones de muertos, ciudades destruidas y el horror del fascismo impulsaron la creación de una arquitectura internacional destinada, al menos en teoría, a impedir nuevas guerras y garantizar la convivencia entre las naciones.
Sin embargo, desde sus propios orígenes, aquel orden mundial nació marcado por una contradicción fundamental: proclamaba la igualdad soberana de los Estados, mientras otorgaba privilegios extraordinarios a un reducido grupo de potencias. La Carta de las Naciones Unidas hablaba de paz y autodeterminación, pero el Consejo de Seguridad institucionalizaba una jerarquía internacional basada en el poder militar de los vencedores de la guerra.
Durante décadas, esa contradicción permaneció parcialmente oculta por el equilibrio de fuerzas existente entre los grandes bloques. La existencia de la Unión Soviética y del campo socialista imponía límites a las ambiciones hegemónicas de Occidente y mantenía cierto equilibrio estratégico en el escenario mundial.
La desaparición de la Unión Soviética abrió paso a un período de hegemonía unipolar encabezado por Estados Unidos. Washington se presentó como el garante del nuevo orden mundial y como el defensor de la democracia, los derechos humanos y el libre mercado. Sin embargo, la práctica fue muy distinta.
Las invasiones militares, los bloqueos económicos, los cambios de régimen promovidos desde el exterior, las sanciones unilaterales y las guerras preventivas comenzaron a erosionar la legitimidad del sistema internacional. Naciones Unidas fue progresivamente desplazada por coaliciones militares, alianzas estratégicas y decisiones unilaterales tomadas al margen del derecho internacional.
Lo que estamos presenciando hoy no es simplemente una crisis diplomática. Es una crisis estructural de legitimidad.
Las instituciones creadas después de 1945 ya no representan adecuadamente la realidad del siglo XXI. El mundo ha cambiado profundamente. Nuevas potencias económicas y tecnológicas han emergido. El centro de gravedad de la economía mundial se desplaza hacia Asia. El llamado Sur Global exige mayor participación en las decisiones internacionales. Sin embargo, las estructuras de poder continúan reflejando una correlación de fuerzas propia de hace más de ochenta años.
La consecuencia es evidente: cada vez menos pueblos creen en la neutralidad de las instituciones internacionales.
Cuando las resoluciones se aplican contra unos países y se ignoran frente a otros; cuando las sanciones se utilizan como instrumentos de coerción política; cuando las guerras son justificadas en nombre de la democracia; cuando los derechos humanos se convierten en armas geopolíticas, el sistema pierde autoridad moral y política.
La crisis de la ONU es quizás la expresión más visible de este fenómeno. Incapaz de detener conflictos, de hacer cumplir sus propias resoluciones o de impedir agresiones contra Estados soberanos, la organización aparece cada vez más como un observador impotente de acontecimientos que escapan a su control.
Lo mismo ocurre con muchas otras instituciones nacidas en la posguerra. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y diversos organismos multilaterales enfrentan crecientes cuestionamientos por su incapacidad para responder a las demandas de los países en desarrollo y por su histórica subordinación a los intereses de las principales potencias occidentales.
Pero la crisis no es solamente institucional.
Es también una crisis ideológica.
Los conceptos que durante décadas sirvieron para legitimar el orden internacional —democracia, derechos humanos, libre comercio, soberanía y seguridad colectiva— han sido vaciados de contenido por su aplicación selectiva y oportunista.
Millones de personas observan cómo se condenan determinadas ocupaciones territoriales mientras se justifican otras; cómo se denuncian ciertos abusos mientras se silencian otros; cómo algunos pueblos tienen derecho a defenderse y otros son castigados por hacerlo.
La doble moral se ha convertido en una de las principales amenazas para la estabilidad global.
Por eso asistimos al surgimiento de nuevas alianzas, nuevos mecanismos de cooperación y nuevos polos de poder. No se trata únicamente de una disputa económica o militar. Es también una rebelión política contra un sistema percibido por amplios sectores del planeta como injusto, excluyente y profundamente desigual.
La gran pregunta de nuestro tiempo no es si el orden nacido en 1945 está en crisis. Eso resulta evidente.
La verdadera pregunta es qué tipo de mundo surgirá de sus ruinas.
Nos encontramos ante una transición histórica de enorme magnitud. El viejo orden ya no puede gobernar el mundo como antes. Pero el nuevo orden todavía no termina de nacer.
En ese contexto, los pueblos tienen la responsabilidad de defender principios genuinamente universales: la igualdad soberana de las naciones, la no intervención, la cooperación entre los Estados y el respeto al derecho internacional.
Porque si algo demuestra la crisis actual es que ningún sistema basado en privilegios permanentes, desigualdades estructurales y aplicación selectiva de las normas puede sostenerse indefinidamente.
El mundo de la posguerra se está agotando ante nuestros ojos.
Y la historia nos enseña que cuando un orden pierde legitimidad, tarde o temprano los pueblos terminan construyendo otro.
