Buenos días. El robo despiadado, criminal y cruel contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) simplemente no avanza. A pesar de que no se trata de un delito administrativo común, de que estamos ante una acción criminal que vulnera de manera directa el patrimonio de la salud de cientos de miles de dominicanos, el tiempo transcurre entre el silencio institucional y el desasosiego de la población. Las investigaciones del Ministerio Público, lejos de mostrar el dinamismo y la firmeza que la gravedad del hecho amerita, parecen atrapadas en un nudo que solo alimenta la incertidumbre y la sospecha. Es como si faltara sensibilidad para entender que cada centavo desviado o robado de SeNaSa, se traduce en desatención médica, escasez de medicamentos y desprotección para las familias más vulnerables del país, lo que debería mover el interés por procesar a los desalmados involucrados. La precariedad en el flujo de información confiable por parte de las autoridades no es solo una falta de transparencia, es un agravio a la dignidad de los asegurados y una confirmación de que, cuando la justicia camina a paso de tortuga en casos de esta envergadura, se esparce la duda legítima y el desconsuelo colectivo. ¿Acaso esa lentitud responde a la complejidad técnica del fraude o a la falta de voluntad política para tocar ciertos intereses? Parecería no importar que la peor señal que puede enviar el sistema judicial ante el bochornoso caso, es la de un interés selectivo o timorato frente a los culpables. Es necesario acelerar las indagatorias, identificar las ramificaciones del entramado delictivo y presentar un expediente robusto que permita procesar y sancionar con todo el peso de la ley a los autores materiales e intelectuales de tan criminal atropello. No se negocia que la salud pública sea un botín para la delincuencia, ni que el caso se convierta en un expediente archivado por conveniencias e intereses intocables…
