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Haití: tragedias presidenciales

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Oscar López Reyes
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(I)

Desde la proclamación de la primera República negra de América Latina -Haití, 1 de enero de 1804- más de 100 movimientos insurrectos, incluidos la ejecución de cinco gobernantes, patentizan que la rebeldía, la ambición y la traición se han incrustado en el ADN de la clase dominante y han flagelado de generación en generación, hasta desembocar hoy en el derrumbe institucional y la desintegración en su fase iniciática 

Las conjuras sangrientas brotaron en la antigua colonia francesa de Saint-Domingue y en los cimientos del principiante Estado independiente de Haití. En 1803, el paladín de la revolución antiesclavista, Francois Toussaint Louverture, fue derrocado como gobernador general vitalicio de toda la isla de La Hispaniola (7 de julio de 1801-6 de mayo de 1802), y desterrado a Francia, donde murió de neumonía.

En 1805, un año después de la emancipación de Haití, el jefe superior de la revolución triunfadora, Jean-Jacque Dessalines, ya autoproclamado emperador, con el título de Jacques I, exterminó entre tres mil y cinco mil blancos, y degolló/decapitó a miles de ciudadanos de la parte oriental de la isla. Terminó traicionado y ejecutado en Puerto Príncipe, el 17 de octubre de 1806, por sus lugartenientes Alexandre Pétion y Henri Christophe, y una turba desmembró el cuerpo del emperador, que arrojó en la Plaza del Gobierno.

Los dos taimados se repartieron el país: Christophe asumió como presidente y Reino de Haití Norte, y se autodesignó emperador, con el nombre de Henri I (1804-1806), y Pétion como jefe de Estado Rey de Haití Sur (1806-1811). El episodio de Dessalines se replicaría, en otros escenarios y épocas, con prolongados vaivenes mortíferos.

En los 220 años de “autonomía”, esta nación caribeña ha sido sacudida por más de 100 movimientos insurgentes, engarzados en las más variadas formas de mandatos: gobernador general (1), emperadores (2), rey (1), presidentes vitalicios (3), presidentes, presidentes provisionales o interinos y consejos de ministros. Cinco han sido asesinados, 15 derrocados, 16 obligados a renunciar por revueltas populares, uno se suicidó y otro fue envenenado. Los presidentes de juntas provisionales son los que más han cumplido sus períodos gubernamentales, por la cortedad.

Luego del descuartizamiento de Dessalines, los magnicidios prosiguieron, en el señorío de la cultura de la decapitación. En el tajo de un enfrentamiento armado, el polvorín del Palacio Nacional fue destruido poco después del presidente Sylvain Salnave haberlo abandonado para huir hacia la República Dominicana, donde fue capturado por las tropas del general dominicano José María Cabral. Este lo entregó al jefe de Estado sustituto, Nissage Saget, quien dispuso en Puerto Príncipe que fuera juzgado, por crímenes y traición, por una corte marcial, que lo condenó a muerte, el 15 de enero de 1870.

Otro suceso marchito. El 8 de agosto de 1912, el presidente Michel Cincinnatus Leconte, bisnieto de Dessalines, fue fulminado por una explosión que destrozó el Palacio Nacional, en un atentado protagonizado por opositores. Había derrocado al presidente Francois C. Antoine Simon.

El cuarto regicidio. El 27 de julio de 1915, pobladores se levantaron contra el presidente Jean Vilbrun Guillaume Sam, primo del exmandatario Tirésias Simons Sam, encolerizados por sus actos represivos y por la orden ejecutar a 167 presos políticos, entre ellos el exgobernante Oreste Zamor.  Guillaume Sam se asiló en la embajada de Francia, donde penetró una multitud, que despedazó su cuerpo y exhibió sus pedazos en barrios de Puerto Príncipe, acontecimiento que precipitó una intervención militar de Estados Unidos, que se prolongó hasta 1934.

Sin guillotinar. El 7 de julio de 2021, un grupo de hombres mató a tiros al presidente Jovenel Moise, en su residencia de la capital haitiana, e hirió a su esposa, la primera dama Martine Moise, posteriormente junto a 70 personas involucrada en el complot, ejecutado supuestamente por mercenarios colombianos. Razones: unos sostienen que por la decisión de permanecer en el poder y otros porque se proponía entregar a Estados Unidos un listado con nombres de personas vinculadas con el narcotráfico.

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