Por Pedro Cruz Pérez
Haití, la primera nación en lograr una revolución antiesclavista triunfante en América, agoniza hoy bajo el peso de una crisis multidimensional, violencia desbordada, colapso institucional y una pobreza que corroe los cimientos mismos de la dignidad humana. Mientras la comunidad internacional insiste en ofrecer soluciones centradas en el despliegue de fuerzas policiales o misiones militares, el drama haitiano expone una verdad incómoda, la miopía de quienes reducen un problema estructural a una simple cuestión de orden público.
Los países y organizaciones internacionales que abogan por la solución de la crisis haitiana pierden de vista que el problema requiere un enfoque estructural. La policía no puede resolver el hambre, ni la falta de acceso a la salud y la educación. Tampoco puede suplir la carencia de recursos para servicios públicos esenciales como el transporte, las telecomunicaciones, el agua potable, la vivienda, la electricidad o el restablecimiento de estructuras productivas que generen empleo. En un contexto de pobreza extrema como el de Haití, es solo cuestión de tiempo para que cualquier fuerza policial internacional termine convertida en un brazo armado al servicio del narcotráfico o el contrabando.
Haití necesita solucionar estos problemas estructurales en la misma medida en que va ejecutando las medidas anti delincuencia y creando las condiciones legales e institucionales necesarias para restablecer el orden, sometiendo a las bandas criminales con los métodos que sean preciso emplear. Se debe discutir el costo económico de un plan de mitigación de la pobreza. Mientras se van cerrando todas las brechas socioeconómicas. Lo complejo no está en el problema en sí, sino en la hipocresía de un mundo que habla de soluciones, pero no está dispuesto a pagar el precio.
Es indiscutible que las bandas criminales han secuestrado el país, pero su poder no surge del vacío. Se alimentan de la miseria, la falta de oportunidades y la desesperanza de una población donde la gran mayoría vive con menos de dos dólares diarios. Enviar policías internacionales para pacificar las calles sin abordar el hambre, la ausencia de servicios básicos o el colapso educativo equivale a tapar el sol con un dedo. La seguridad, en estas condiciones, es un espejismo.
La historia reciente lo confirma: misiones como la MINUSTAH (2004-2017), aunque lograron contener brotes de violencia, dejaron un legado de abusos, epidemias como el cólera y cero avances en infraestructura. Hoy, las bandas no solo controlan barrios, sino también puertos y aeropuertos, integrando sus redes al narcotráfico internacional. ¿Acaso no era previsible que, en un Estado fallido, cualquier fuerza de seguridad local o extranjera terminará corrompida por la economía informal que domina la supervivencia?
Haití necesita, antes que nada, un plan masivo de mitigación de la pobreza. Esto implica, acceso garantizado a agua potable, electricidad, transporte y telecomunicaciones, sin estos pilares no hay capital humano para sostener el crecimiento. El 40% de la población depende del campo, pero la deforestación y la importación de alimentos subsidiados, como el arroz estadounidense, han arruinado su economía. Necesitan empleo formal, programas de obras públicas y apoyo a pymes para romper el ciclo de informalidad y exclusión.
Solo tras sentar estas bases podrá imponerse el orden sin reproducir la violencia. Pero esto requiere dinero, tecnología y voluntad de acompañar procesos a largo plazo, no simplemente fotos de soldados extranjeros desembarcando en Puerto Príncipe. La crisis haitiana no es un problema local, sino el resultado de un sistema global que explota y luego abandona a los más vulnerables. Hablar de soluciones sin financiamiento real es hipocresía. Si el mundo realmente quiere ayudar, debe empezar por financiar hospitales, escuelas, semillas para producir comida y un fortalecimiento institucional real para recuperar un estado que hace mucho tiempo entró en estado de colapso.
