La segunda administración del presidente Donald Trump se ha caracterizado por un frenesí de acción sin precedentes, buscando reconfigurar el entramado institucional y la política exterior a golpe de pluma. Desde su asunción, el 20 de enero de 2025, hasta septiembre de ese año, el presidente ha firmado un total de 173 acciones ejecutivas (incluyendo Órdenes Ejecutivas, Proclamaciones y otras medidas). Esta hiperactividad legislativa, destinada a imponer rápidamente la agenda del «América Primero», choca frontalmente con la percepción y la satisfacción del pueblo estadounidense, cuya confianza en el gobierno federal se encuentra en mínimos históricos.
La avalancha de directrices ejecutivas se orienta a objetivos ambiciosos y disruptivos. En el frente interno, la administración ha impulsado la liberación de la energía y ha reforzado la desregulación con una iniciativa de 10 normas derogadas por cada nueva regla emitida. Paralelamente, en política exterior, Trump ha centralizado las decisiones en su figura, suspendido la ayuda exterior por 90 días y ejecutado medidas agresivas como la imposición de aranceles recíprocos, que afectan a aliados como Canadá y México, y alcanzan cifras sin precedentes para China.
Pese a este volumen de actividad, el balance en el desempeño gubernamental resulta sombrío y le está pasando una factura política palpable. En septiembre de 2025, el índice de desaprobación de Trump se situó en un 58%, mientras que su aprobación se mantiene baja y estable en un 40%. Esta desaprobación se extiende incluso a áreas que se supone son sus fortalezas, como la economía, donde el 57% de los estadounidenses desaprueba su gestión.
¿Por qué tanta acción ejecutiva no se traduce en satisfacción popular? El análisis revela que las políticas impulsadas por esta administración están perjudicando a segmentos significativos de la población. Según una encuesta de julio de 2025, solo uno de cada cuatro adultos (cerca del 25%) siente que las políticas de Trump les han ayudado. Cerca de la mitad, por el contrario, reporta que estas políticas les han «hecho más daño».
Este malestar se ve agravado por proyectos emblemáticos, como el «One Big Beautiful Bill» (el gran y hermoso proyecto de ley). Dicha legislación es percibida como una amenaza a la salud física y financiera de decenas de millones de estadounidenses, ya que contempla recortes al gasto federal en Medicaid y en la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), revirtiendo avances en cobertura médica. Además, se proyecta que el proyecto aumentará el déficit fiscal en $2.41 billones para 2034.
En un sentido más profundo y crítico, la satisfacción con el rumbo general del país está marcada por una profunda división y un declive del orgullo nacional. Los ciudadanos perciben que el sistema político está fallando, y solo un 23% confía en el gobierno federal. La mayoría considera que las políticas adoptadas favorecen primordialmente a intereses empresariales y a los segmentos más ricos.
El récord de órdenes ejecutivas es una cifra contundente de voluntad política, pero su fracaso en generar un bienestar amplio y la erosión constante de la confianza pública sugieren esta pregunta: ¿De qué sirve la hiperactividad presidencial si la mayoría del pueblo estadounidense siente que el sistema, y sus líderes, son cada vez más ineficientes, incompetentes y, fundamentalmente, ajenos a sus necesidades? La respuesta, inscrita en las cifras de desaprobación y malestar económico, es una advertencia de que el autoritarismo transaccional no es por sí mismo, una fórmula viable para la gobernanza a largo plazo.
