Desde mi condición de ciudadano no puedo pasar por alto esta singular cronología de la evolución de la deuda pública dominicana presentada por CREES, sin interesarme por investigar a fondo algunos datos y pincelar mi propio punto de vista. Es un tema que debería ser abordado con la frialdad de las matemáticas y la responsabilidad de la historia fiscal, pero ha sido reducido a una arena de disputas estadísticas. En el centro de este debate se encuentra la insistencia del presidente Luis Abinader en que la métrica correcta para evaluar su gestión es la relación Deuda del Sector Público No Financiero respecto al Producto Interno Bruto (PIB), argumentando que las cifras absolutas son inevitables y menos relevantes que la sostenibilidad relativa. Si bien el uso del ratio Deuda/PIB es legítimo en el análisis macroeconómico, este enfoque de la relatividad se convierte en un sofisma cuando intenta encubrir un deterioro cualitativo del gasto y un ritmo de endeudamiento que, incluso bajo su propia métrica, revela vulnerabilidad.
La comparación histórica es ilustrativa. Durante el mandato de Leonel Fernández (2004-2012), la deuda SPNF/PIB se incrementó de 28.4 % a tan solo 30.5 %, lo que representó un aumento de 2.1% puntos porcentuales. Posteriormente, en los ocho años de Danilo Medina (2012-2020), la cifra se disparó dramáticamente de 30.5 % a 49.7 % del PIB, lo que representó un aumento de 19.2 puntos porcentuales. Este salto fue significativo.
El presidente Abinader, heredero de esta trayectoria ascendente, defiende su gestión alegando ser el único gobierno que ha disminuido la deuda en términos relativos, bajándola supuestamente de 49.7 % a 46.9 %. No obstante, este argumento es inmediatamente rebatido por economistas expertos y opositores, quienes señalan que tal reducción es, en gran medida, un efecto aritmético del rebote económico posterior a la crisis del COVID-19. Al cierre de 2020, la deuda del SPNF había alcanzado un pico de 56.6% del PIB a raíz de la contracción económica inducida por la pandemia. Por lo tanto, el descenso posterior no se debe a una gestión fiscal restrictiva, sino al crecimiento del denominador (PIB) tras la reapertura económica. En esencia, el PIB creciente es lo que maquilló el ratio, no una reducción real de la existencia de deuda.
La manipulación del debate por métricas relativas se desmorona ante los fríos números nominales y el destino del dinero prestado. Desde agosto de 2020 hasta julio de 2025, la deuda pública consolidada ha aumentado en más de US$32,142 millones, pasando de US$44,621 millones a US$76,763.8 millones. Esto implica un ritmo de endeudamiento promedio anual que la oposición estima ser 2.9 veces mayor que el registrado durante el último quinquenio de Danilo Medina, que es de US$6,400 millones frente a US$2,200 millones anuales. Con las cifras de Leonel Fernández ni siquiera compararlo, porque la diferencia es astronómica.
El gobierno ha intentado justificar esta vorágine de préstamos alegando que el 80 % del nuevo endeudamiento se destina a pagar compromisos viejos. Sin embargo, esta aseveración ha sido calificada como falsa, en realidad, apenas el 46 % de los nuevos desembolsos se ha utilizado para amortizar deuda anterior.
Aquí reside la crítica más incisiva, la gestión actual está utilizando la deuda para financiar el gasto corriente, y no la inversión productiva. Este uso del crédito contraviene directamente el Artículo 43 de la Ley General de Crédito Público, que prohíbe explícitamente tomar dinero prestado para financiar gastos operativos. La consecuencia es un peligroso deterioro cualitativo del gasto: «El gobierno se endeuda mucho, pero construye poco». De hecho, la inversión pública o gasto de capital se ha reducido al 10.5% del total, mientras el déficit fiscal se engulle hasta el 70% del nuevo endeudamiento.
A esta fragilidad se suma el creciente costo del servicio de la deuda. Bajo la administración actual, el pago de intereses consume ya entre 23 % y 25 % de los ingresos tributarios, muy por encima del 15 % al 18 % mantenido durante los gobiernos anteriores. Es decir, casi uno de cada cuatro pesos recaudados por el Estado se destina únicamente a pagar intereses, limitando severamente el margen para financiar políticas sociales esenciales.
En conclusión, la defensa de la deuda basada puramente en el ratio Deuda/PIB no resiste un análisis riguroso. La supuesta reducción porcentual es un efecto óptico del rebote post-pandemia. Lo verdaderamente alarmante es el aumento nominal acelerado, el uso ilegal de los préstamos para cubrir gastos corrientes y el insostenible costo del servicio de la deuda. Esta situación exige más que sofismas estadísticos; requiere una reforma fiscal integral que reduzca urgentemente el gasto corriente ineficiente, privilegie la inversión y devuelva la coherencia a las finanzas públicas para evitar que la deuda relativa, tarde o temprano, se convierta en una crisis absoluta y devastadora.
