Tercera entrega: La complicidad del Estado y la corrupción institucional
Por Ramón Morel
El conflicto entre República Dominicana y Haití no solo es una herida abierta en el Caribe, sino también un negocio rentable para quienes, desde las sombras del poder, se lucran del desorden que tanto dicen combatir. Mientras el discurso oficial habla de soberanía y defensa nacional, los hechos revelan que buena parte de las instituciones encargadas de controlar la frontera han hecho de la ilegalidad una fuente de ingresos paralelos. En el fondo, el conflicto no se mantiene por la rivalidad entre pueblos, sino por la rentabilidad que genera a una estructura política y militar acostumbrada a operar bajo la impunidad.
La frontera como empresa informal del Estado
Desde hace décadas, la línea fronteriza se administra como si fuera una corporación privada. El tráfico de indocumentados, el contrabando de productos y los cobros ilegales a haitianos que cruzan para trabajar en los mercados binacionales forman parte de un engranaje cuidadosamente tolerado. Los retenes militares y los puestos de migración no funcionan como barreras de control, sino como puntos de peaje. Cada camión que pasa, cada persona que cruza, deja su “aporte” en efectivo, repartido entre distintos niveles de mando. Así, la frontera se convierte en un espacio donde la ley se aplica según el pago recibido, y donde el discurso patriótico sirve de cortina para encubrir la corrupción.
Migración y Policía: guardianes del desorden
Los cuerpos de seguridad del Estado dominicano, llamados a garantizar el orden, se han transformado en actores activos de la distorsión. Los testimonios de ciudadanos haitianos que trabajan en territorio dominicano son coincidentes: los agentes de Migración y la Policía Nacional realizan redadas para extorsionar, exigen dinero para liberar detenidos y, en muchos casos, confiscan celulares o pertenencias como “garantía de pago”. Este esquema no es un secreto. Es un negocio tolerado y sostenido por la indiferencia oficial. En vez de perseguir la corrupción interna, el Estado prefiere endurecer el discurso antiinmigrante, porque el escándalo nacionalista distrae la atención pública de los verdaderos beneficiarios del caos.
El doble discurso de la autoridad
Nada ilustra mejor la hipocresía institucional que los operativos fronterizos televisados, con despliegue de uniformes, banderas y discursos sobre la “defensa del territorio”. Mientras las cámaras graban la expulsión de algunos inmigrantes para consumo mediático, otros cientos entran o salen con total libertad, previo pago de las “tarifas” impuestas por militares y funcionarios corruptos. Este doble discurso es funcional a los intereses de quienes gobiernan: mantiene viva la narrativa del enemigo externo y legitima el gasto público en equipos, operativos y construcciones que rara vez se auditan. El muro fronterizo, por ejemplo, más que una solución, es otro capítulo del negocio. Cada kilómetro de cemento significa contratos, comisiones y sobrevaluaciones que benefician a los mismos que se enriquecen del tráfico que dicen combatir.
El miedo como instrumento político
La manipulación del miedo hacia los haitianos ha sido una herramienta recurrente de la clase política dominicana. En cada crisis interna o año preelectoral, el tema haitiano reaparece como salvavidas discursivo. La estrategia es sencilla: se infunde temor, se presenta al gobierno como defensor de la patria y se posponen los debates sobre corrupción, pobreza y desigualdad. Este juego resulta rentable tanto para los políticos como para los mandos militares y migratorios. Mientras el pueblo se enardece discutiendo sobre “invasión haitiana”, se firman contratos, se reparten presupuestos y se consolidan fortunas personales construidas sobre la miseria de ambos pueblos.
Una frontera sin justicia
La corrupción fronteriza no es solo un problema moral; es una amenaza directa a la soberanía y al desarrollo nacional. Un Estado que tolera el soborno y la extorsión en sus instituciones básicas no puede pretender autoridad moral sobre los temas migratorios. La verdadera defensa de la patria empieza por limpiar la casa. Si el gobierno dominicano no audita sus cuerpos de seguridad, si no sanciona el enriquecimiento ilícito y no desmonta la red de complicidades que lucra del tráfico humano, toda política migratoria seguirá siendo un teatro hipócrita. El día que la frontera deje de ser negocio, dejará también de ser conflicto. Pero eso solo ocurrirá cuando el poder político pierda el miedo a enfrentarse a sus propios cómplices.
