Buenos días. El involucramiento del capitán Domingo Ureña Rodríguez y su hijo Domingo Alexander Ureña Cid en un entrenado que se dedica a falsificar y comercializar documentos que hacen pasar como oficiales para obtener dinero de haitianos indocumentados, razón por la que fueron apresados, ofende e inquieta por tratarse de un oficial que no se supone se involucre en acciones negadoras de su deber para con la nación y la institución que representa. Naturalmente, no se está frente a nada que deba sorprendernos porque la trata de haitianos es vieja, está arraigada y en ella toman acciones militares y policiales, activos y no, así como servidores de ciertas dependencias públicas. ¡Eso lo saben hasta los mamando, incluyendo las autoridades de hoy y ayer! Y una provincia del sur del país es la prueba más concreta, descarada y medible de lo afirmado. En esa provincia habitan más haitianos que dominicanos, los vecinos tienen el dominio de las actividades cotidianas y para muchos, es un territorio haitiano que el Estado dominicano se ha permitido en nuestro terruño patrio. La razón primordial radica en el hecho de que existe toda una maquinaria, todo una industria muy bien coordinada, que en esa provincia se encarga de usar documentos de dominicanos fallecidos para crear “papeles legales” y dotar de aparente identidad a miles de haitianos que viven y dominan allí. De manera que, aunque es una práctica ofensiva y degradante, la mafia a que pertenece el citado capitán y su hijo, “es una pajita de coco”, como dicen en el barrio.
