Por Hilario Ramirez
Doctrinas y rituales se ponen en expresión popular, no únicamente en las religiones teológicas.
Una doctrina es un conjunto coherente de enseñanzas, principios o creencias fundamentales, sostenido por un grupo, escuela o autor, que se considera válido y verdadero en áreas como la religión, política, filosofía o derecho.
Funciona como una guía teórica para interpretar la realidad y normar comportamientos, a menudo con pretensión de universalidad.
El denominador común en costumbres místicas, es el fanatismo desprendido tanto de actividades doctrinal como de ideología interpretativa sobre una fuerza universal, que se manifiesta en rituales.
Ese nivel de fanatismo es visible en otras expresiones sociológicas, las cuales permiten apreciar un dominio en la psiquis de quien elabora un discurso de adhesión, sobre la pretendida conquista de credulidad dentro de cerebros humanos incautos.
Una de esas expresiones es la política, usada como red piramidal del engaño, convenciendo al mayor número de electores, a sufragar su voto por candidatos preferencial y de esa manera usan a los votantes como producto canjeable para garantizar el millonario negocio de compra y venta de candidatos.
El fanatismo es tan peligroso, que a los ciudadanos se les manipula para que firmen debates competitivos sobre quién fue más corrupto ? el saliente o el entrante.
Temas de distracción infiltrados por quienes roban al fisco para con esos fondos públicos pagar a comejenes humano que sin trabajarle ni al sector privado, tampoco al gobierno, reciben prevenda a cambio de promover con vocinglería, las bonanza sentida ante la buena administración de su gobierno.
Usan el concepto corrupción asociado a finanzas del erario institucional; sin embargo visualizan delito penal hurto de los bienes del Estado, solamente después de finalizada una administración saliente.
Miran la prevaricación tan solo en la acera del frente sobre el rostro de aquellos que dejaron de ser funcionarios público.
Nunca a lo interno de la gestión gubernamental presente, porque la sustracción del presupuesto general de la nación no representa para esos actuales gestores administrativos de las cosas públicas, delito que pueda ser tipificado por nuestro Código Procesal Penal, al parecer si colmo lo interpreta una oportunidad de superación patriótica.
