La realidad económica dominicana, como un guión preescrito y persistentemente ignorado, nos confronta hoy con la innegable escalada del dólar. No es un fenómeno espontáneo, ni un capricho de los mercados globales; es la crónica anunciada de desaciertos gubernamentales que, en su intento por maquillar la verdad, solo han conseguido agravar una situación que ahora se desboca con una fuerza desproporcionada. La población, una vez más, es la principal rehén de esta historia.
Recordamos con claridad cómo, a finales de 2020, ante una incipiente ola inflacionaria, el gobierno del PRM demostró una falta de comprensión fundamental sobre sus causas. Las medidas improvisadas, los acuerdos puntuales con supermercados y los programas agroalimentarios no abordaron la raíz del problema, sino que evidenciaron un profundo desconocimiento de las dinámicas económicas subyacentes. Esta reacción errática, lamentablemente, se repite hoy.
El expresidente Leonel Fernández ya lo advirtió: «el dólar anda sin freno». Destacó la creciente devaluación del peso, la disminución sostenida de las reservas internacionales y el aumento de las tasas de interés, un cóctel que, según él, «arruina a la gente y pone en riesgo la sostenibilidad de empresas y familias». En el fatídico 31 de marzo de 2025, el dólar ya se cotizaba a RD$63.44 para la venta.
En respuesta, el presidente Luis Abinader aseguró ese mismo día que «ya hay una tendencia a la estabilización» y que el Banco Central anunciaría medidas. Se jactó de unas reservas de 14,700 millones de dólares, más del doble de las encontradas en 2020, argumentando que no existían razones económicas para el incremento. Sin embargo, la moneda estadounidense continuó su ascenso, alcanzando los RD$64 por uno para el 4 de septiembre de 2025, superando las propias proyecciones del gobierno, que para 2026 estiman un promedio de RD$65.50. Algunos sectores económicos, incluso, atribuyen esta subida a un plan estratégico del gobierno para deslizar la moneda y generar beneficios en turismo, remesas y zonas francas. No obstante, cualquier medida del Banco Central para contener el dólar, como elevar el retorno de sus instrumentos financieros, frenaría la inversión privada y reduciría el dinamismo del PIB.
Estamos ante una realidad que va más allá de los números: es una historia de desigualdad, agotamiento social y decisiones gubernamentales cuestionables. La frase popular «el peso que no rinde» ya no es una metáfora; es la voz de una población que ve cómo su moneda local es incapaz de sostener ni siquiera un espacio digno de vivienda.
Los problemas acumulados son un lastre que ahora nos pasa factura. La deuda pública ha escalado de US$44.6 mil millones en 2020 a US$54.8 mil millones en 2023, y consolidada con el Banco Central, roza los US$75 mil millones. En marzo de 2025, la presión de la deuda sobre el PIB alcanzó un alarmante 46.50%, la más alta desde la recuperación post-COVID. Esta carga, un reto estructural para el país, contribuyó a una inflación promedio del 6.67% entre 2020 y 2024, erosionando directamente el poder adquisitivo de las familias más vulnerables. Y con el dólar descontrolado, Leonel Fernández anticipa que la presión inflacionaria solo aumentará.
La inexperiencia en el manejo del Estado se hace palpable. Los gobiernos actuales, y no solo el dominicano, parecen limitados en su capacidad para resolver problemas sociales estructurales, evidenciando una inefectividad en la dirección política. Existe una clara necesidad de aprender a gobernar la administración pública. Esto, sumado al desmoronamiento de instituciones fundamentales, como lo que se percibe en el caso SeNasa cuya mención en el contexto de asignación de fondos por un ministro contrasta con una situación que el clamor popular identifica como un problema, dibuja un panorama de fragilidad democrática y gobernanza deficiente.
El Banco Central, con su gobernador admitiendo no tener «una bola de cristal» para predecir el rumbo del dólar, deja al descubierto la falta de un plan económico coherente. La población sufre y sufrirá las consecuencias directas de este descontrol: El encarecimiento de servicios y productos, la reducción del poder de compra y la angustia de ver cómo el «dinero no rinde». Las interrupciones en el servicio eléctrico y el aumento de tarifas, sumados a la dolarización soterrada que ya afecta gran parte de los precios internos, son apenas una muestra del calvario diario.
En este delicado equilibrio entre estabilidad cambiaria, inflación y crecimiento económico, la retórica triunfalista del gobierno resuena vacía. El dólar no sube por azar, sino por deficiencias estructurales y políticas públicas que no protegen al ciudadano común. La situación actual no es una sorpresa para quienes, con ojos críticos y analíticos, sabíamos que «El Dólar en Alza: Ya Estaba Dicho». Es imperativo que las autoridades dejen de lado los discursos autocomplacientes y asuman la urgencia de atender esta crisis social, cuestionando las prioridades del Estado y exigiendo que la moneda nacional deje de ser un símbolo de precariedad y angustia. El tiempo de la improvisación ha terminado; el tiempo de la responsabilidad debe comenzar.
