Estados Unidos ha sido históricamente el mayor impulsor de la lucha global contra el narcotráfico, estableciendo políticas estrictas y desplegando recursos considerables para combatir el tráfico de drogas, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Sin embargo, a medida que se analizan los hechos y las estadísticas, surgen preguntas incómodas sobre la efectividad y, sobre todo, la equidad de estas políticas. ¿Cómo puede ser que el país con la mayor capacidad tecnológica y de inteligencia sea, al mismo tiempo, el mayor consumidor mundial de estupefacientes? Y, más alarmante aún, ¿por qué el enfoque parece estar dirigido hacia el exterior, cuando los cárteles operan activamente dentro de Estados Unidos, abasteciendo un mercado interno multimillonario?
De acuerdo con el ¨Informe Mundial sobre Drogas 2023¨ de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Estados Unidos sigue siendo el principal mercado global de drogas ilegales. Cerca de 36 millones de estadounidenses consumen alguna droga ilícita de forma regular, lo que representa aproximadamente el 11% de la población total. Este número es asombroso en comparación con otros países desarrollados, lo que indica una demanda masiva que sustenta las operaciones de narcotráfico a nivel mundial.
Se estima que alrededor de 90% de la cocaína producida en América Latina tiene como destino final el mercado estadounidense. A esto se suma que la heroína, metanfetaminas y opioides sintéticos como el fentanilo, han experimentado un auge devastador en las últimas décadas. Un informe de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA) en 2021 revela que el narcotráfico genera aproximadamente 150 mil millones de dólares anuales solo en EE.UU., una cifra asombrosa que subraya la magnitud del problema. Además, se estima que 300 toneladas de cocaína entran al país cada año, junto con decenas de toneladas de otras drogas.
Un aspecto controversial de la política antinarcóticos de Estados Unidos es la focalización en los cárteles y narcotraficantes extranjeros, especialmente los que operan en América Latina. Las operaciones conjuntas con gobiernos extranjeros, las extradiciones y las acciones encubiertas en territorios de otros países parecen ocupar el centro de la estrategia antinarcóticos estadounidense. La «guerra contra las drogas», una frase popularizada en la administración de Richard Nixon en la década de 1970, se ha centrado en interceptar drogas en las fronteras y desmantelar redes de distribución internacionales.
Sin embargo, dentro de las fronteras estadounidenses, las acciones son considerablemente más limitadas. Aunque se han desmantelado redes de distribución locales, y se ha arrestado a distribuidores y pequeños traficantes, las operaciones contra los grandes actores del narcotráfico interno parecen carecer de la contundencia mostrada en el extranjero. Esto plantea la pregunta: ¿por qué el poderío de la inteligencia estadounidense, capaz de identificar y neutralizar amenazas a miles de kilómetros de distancia, se muestra menos eficiente en su propio territorio?
Es erróneo pensar que los cárteles operan solo en México, Colombia o Bolivia. Los narcotraficantes locales dentro de EE.UU. manejan vastas redes de distribución y comercialización. Desde ciudades como Nueva York y Los Ángeles, hasta pequeñas localidades rurales, las drogas circulan por manos de actores nacionales. Sin embargo, a diferencia de los «capos» internacionales, sus nombres rara vez aparecen en las noticias.
Una investigación del Departamento de Justicia reveló que en Estados Unidos existen centenares de organizaciones narcotraficantes operando en suelo estadounidense. Las grandes ciudades albergan a grupos de distribución altamente organizados, que colaboran con cárteles mexicanos y colombianos para recibir y distribuir drogas. Los beneficios obtenidos se canalizan a través de complejos sistemas financieros que eluden las leyes contra el lavado de dinero, lo que indica un grado de sofisticación que contradice la narrativa oficial de que el problema está «fuera de sus fronteras».
El fracaso de la política antinarcóticos dentro de Estados Unidos sugiere la existencia de una serie de factores que contribuyen a este doble rasero. Por un lado, hay quienes argumentan que el narcotráfico genera una economía paralela que resulta, en muchos aspectos, conveniente. Desde la privatización de cárceles hasta la industria de la seguridad y las contrataciones gubernamentales, la «guerra contra las drogas» se ha convertido en un lucrativo negocio para ciertos sectores. Esto crea una paradoja: la existencia del narcotráfico dentro de EE.UU. es, al menos en parte, mantenida por los mismos actores que proclaman combatirlo.
Otro punto clave es la focalización desproporcionada en los consumidores y pequeños distribuidores en lugar de los grandes actores dentro de EE.UU. El 70% de los arrestos relacionados con drogas son por posesión, según datos de la ¨American Civil Liberties Union (ACLU)¨. Esto implica que las autoridades están persiguiendo principalmente a consumidores y pequeños traficantes, mientras que los grandes beneficiarios de esta industria ilegal operan con relativa impunidad.
La capacidad de los servicios de inteligencia de EE.UU. es incuestionable. La Agencia Nacional de Seguridad (NSA), la CIA y otras entidades poseen recursos tecnológicos y humanos que les permiten identificar y rastrear prácticamente cualquier actividad dentro de su territorio o en el extranjero. Entonces, ¿por qué no aplican estas capacidades para desmantelar las grandes redes internas de narcotráfico?
Un ejemplo contundente de este doble estándar es la capacidad de EE.UU. para localizar y asesinar a terroristas en el extranjero, como ocurrió con Osama Bin Laden en 2011, o líderes del Estado Islámico en operaciones quirúrgicas. Pero cuando se trata del narcotráfico en el propio territorio, estas habilidades parecen disminuir notablemente. En lugar de grandes operaciones contra los capos locales, las fuerzas de seguridad se limitan a capturar a traficantes menores o consumidores, manteniendo el sistema intacto.
Es crucial reconocer que el narcotráfico es un negocio que depende, en última instancia, de la demanda. Mientras exista un número masivo de consumidores en EE.UU., el flujo de drogas no se detendrá, sin importar cuántos cárteles extranjeros sean desmantelados. En este sentido, Estados Unidos enfrenta una contradicción difícil de resolver: a pesar de ser el mayor consumidor mundial de drogas, la lucha antinarcóticos desaparece al cruzar sus fronteras, dejando intacto el problema estructural dentro del país.
En lugar de centrar todos los esfuerzos en atacar las rutas de tráfico y los productores extranjeros, EE.UU. debe mirar más de cerca sus propias calles, suburbios y sistemas de distribución interna. La verdadera batalla contra las drogas comienza en casa.
