Aunque el país destina a educación uno de los mayores presupuestos del Estado, miles de escuelas dominicanas siguen con techos por donde se mete la lluvia, pupitres rotos y baños inservibles. No se trata de falta de dinero, sino de falta de planificación, improvisación y mala gestión. El inicio del año escolar 2025-2026 vuelve a encontrarnos parchando lo que debió resolverse meses atrás.
La realidad en las aulas
En provincias como Duarte, Hermanas Mirabal, La Vega, San Juan y La Altagracia abundan los planteles en mal estado. A pesar de múltiples anuncios de remozamientos, muchas escuelas cerraron el año pasado sin reparaciones básicas. El problema no es nuevo: cada agosto se repite el mismo libreto de urgencias de última hora.
Tampoco se resolvió el déficit de cupos. El plan “24/7” prometió entregar 1,100 aulas para este año escolar, pero la meta no se cumplirá. Miles de estudiantes quedarán fuera o tendrán que acomodarse en tandas reducidas. La explicación es la misma: contrataciones que arrancan tarde, obras a medias y entregas fuera de plazo.
El espejismo del presupuesto
El Ministerio de Educación (MINERD) tiene para 2025 un presupuesto aprobado de RD$309,864 millones. En 2024 reportó haber ejecutado el 98% de sus recursos, equivalente a RD$290,760 millones. ¿Cómo es posible que con tanto gasto la infraestructura escolar esté en ruinas?
La respuesta está en la forma en que se distribuye el dinero. Más del 70% se concentra en la sede central, mientras las regionales y distritos carecen de recursos para resolver lo inmediato. La mayor parte del gasto se va en nómina y servicios corrientes, y lo que debería invertirse en mantenimiento y ampliación se gestiona a destiempo.
Conviene recordar que la Ley 66-97 estableció un piso de 4% del PIB para la educación preuniversitaria. Ese logro fue fruto de la movilización ciudadana, pero hoy se ha vuelto un número vacío: se cumple en el papel, pero no se traduce en escuelas dignas ni en aprendizajes sólidos.
Improvisación y burocracia
La improvisación se ha convertido en la norma. Obras anunciadas en junio o julio, a semanas del inicio de clases, son garantía de atrasos y sobrecostos. La falta de planificación obliga a depender de remiendos de última hora que nunca resuelven lo esencial.
La centralización agrava el panorama. Cuando las decisiones y los fondos se concentran en Santo Domingo, los problemas locales quedan atrapados en trámites interminables. Un baño clausurado o un techo en peligro puede tardar meses en repararse por simple burocracia.
Mientras tanto, maestros y alumnos cargan con la carga. Profesores que ponen cubetas en los salones, estudiantes que comparten pupitres, tandas partidas para reducir el hacinamiento. No son detalles menores: son las condiciones en las que se enseña y se aprende.
Lo que debe cambiar
La primera medida es la transparencia. Hace falta un tablero público, escuela por escuela, donde se registren contratos, montos y avances. La ciudadanía no puede fiscalizar lo que no se publica.
La segunda es un plan de mantenimiento preventivo. No podemos esperar a que los planteles colapsen para intervenirlos. Con estándares claros y cuadrillas regionales, los costos bajarían y los centros educativos funcionarían con dignidad.
También es urgente descentralizar recursos hacia juntas de centros y distritos, pero con controles simples de rendición de cuentas. Así, los problemas se resuelven más rápido y con supervisión directa de la comunidad.
Finalmente, se requiere cambiar el enfoque: no medir la gestión por el porcentaje de presupuesto ejecutado, sino por metas concretas como aulas listas antes de clases, planteles con agua y saneamiento funcionales, y reducción del hacinamiento.
La educación es la columna vertebral del futuro. Sin embargo, los recursos asignados siguen perdiéndose en un mar de improvisación y burocracia. El país luchó por el 4% del PIB para educación, pero esa conquista carece de sentido si los estudiantes siguen en aulas que se caen a pedazos.
No faltan recursos: falta planificación, transparencia y compromiso. Mientras se siga confundiendo ejecución presupuestaria con resultados, la escuela pública seguirá en la cuerda floja. Y el costo lo pagarán, como siempre, los más pobres.
