Por Ramón Morel
Lo que nació con la promesa de ser el guardián de la seguridad vial en la República Dominicana se ha metamorfoseado en algo mucho más oscuro: una maquinaria de recaudación insaciable. Bajo el uniforme de la DIGESETT ya no late el espíritu preventivo de la Ley 63-17; lo que hay es un cronómetro que cuenta multas y una calculadora que mide ingresos.
La traición a la Ley 63-17: Del áula al talonario
La Ley 63-17 es clara: su esencia es la prevención y la educación. Sin embargo, para la DIGESETT, la educación es un estorbo que no genera flujo de caja. Se ha institucionalizado una «emboscada estatal» donde el agente no busca corregir una conducta peligrosa, sino castigar el bolsillo. El enfoque punitivo ha enterrado al preventivo, convirtiendo cada esquina en un puesto de peaje encubierto donde la multa no es una lección, sino un impuesto al movimiento.
La «cuota» de la infamia
A pesar de los desmentidos oficiales, el secreto a voces retumba en los cuarteles: la presión por la «cuota» diaria. El agente de tránsito ha sido degradado de servidor público a vendedor de boletas a comisión. Esta presión sistémica pervierte la función policial: cuando un agente sale a la calle con un número mínimo de fiscalizaciones que cumplir, deja de observar el tráfico para empezar a «cazar» presas. No importa si el tránsito fluye o si hay un caos en la intersección; lo único que importa es que el talonario regrese vacío al final del turno.
El laberinto de las «multas fantasmas»
El ciudadano dominicano vive hoy en un estado de indefensión digital. El sistema de la Procuraduría se ha convertido en un cementerio de infracciones fantasmagóricas: multas que aparecen de madrugada en lugares donde el conductor nunca estuvo, o por faltas que jamás cometió. Es la «extorsión institucionalizada» a través del algoritmo. El proceso de impugnación es tan kafkiano y costoso que la mayoría opta por pagar el rescate (la multa) para poder renovar su licencia o marbete, convalidando un robo legalizado por puro cansancio.
Justicia selectiva: El «chance» vs. el «sí o sí»
Aquí la ley no es igual para todos. Existe una aristocracia del asfalto que, con una llamada rápida o mencionando un apellido de peso, desvanece cualquier infracción bajo el manto del «chance». Mientras tanto, al ciudadano de a pie, al que trabaja, se le impone la multa «sí o sí», incluso inventando la infracción si el agente está corto en su cuota diaria. Esta dualidad es la prueba máxima de la putrefacción ética de la institución: se es implacable con el indefenso y servil con el poderoso.
El ciudadano como cajero automático
La DIGESETT ha dejado de cuidar la vida para empezar a asaltar el presupuesto familiar. Cuando el Estado ve en el conductor a un cajero automático en movimiento y no a un sujeto de derechos, la autoridad pierde su legitimidad. No estamos ante un problema de tránsito, sino ante una crisis de integridad pública. República Dominicana no necesita más agentes con talonarios hambrientos; necesita una autoridad que entienda que su éxito se mide en vidas salvadas, no en millones recaudados.
