Fuentes vinculadas al sistema sanitario denunciaron que el caos administrativo, las renuncias masivas, cancelaciones arbitrarias e inestabilidad laboral, sacuden la gestión de Julio César Landrón en el Servicio Nacional de Salud (SNS)
Las fuentes informaron que SNS atraviesa una de las crisis administrativas más delicadas de los últimos años, bajo la dirección ejecutiva del doctor Julio César Landrón, en medio de denuncias sobre pérdida de institucionalidad, autoritarismo, renuncias en cadena, cancelaciones arbitrarias, persecución laboral y un creciente desorden gerencial que amenaza con afectar seriamente la operatividad hospitalaria en todo el país.
Según lo revelado, «el caos interno ya está impactando procedimientos médicos ordinarios y especializados en distintos centros hospitalarios, generando preocupación entre médicos, personal administrativo y pacientes».
Alega que la gravedad de la situación habría encendido alarmas dentro del gobierno del presidente Luis Abinader, «particularmente en el Gabinete de Salud coordinado por la vicepresidenta Raquel Peña, desde donde se inició un proceso de evaluación e investigación sobre el manejo institucional del SNS».
De acuerdo con las denuncias, Landrón mantiene un estilo de dirección calificado por empleados y funcionarios como “cuasi dictatorial”, caracterizado por decisiones unilaterales, rechazo a recomendaciones técnicas, maltrato verbal y escasa comunicación con los directores de áreas.
Las fuentes aseguran que cerca del 70 % del equipo directivo nombrado al inicio de su gestión ha renunciado, incluyendo colaboradores de confianza y personal cercano a la Dirección Ejecutiva.
Asimismo, responsabilizan a Landrón de provocar la salida de directores hospitalarios que mantenían una gestión bien valorada y entre los que figura entre los renunciantes el doctor Willy E. Victoria Ramírez, quien dirigía el Hospital Regional Marcelino Vélez Santana desde octubre de 2020 y dejó el cargo el pasado 4 de marzo.
«También han renunciado directores de áreas estratégicas como Compras, Infraestructura, Planificación y Acceso a la Información Pública, además de integrantes del Comité de Compras del SNS, en medio del deterioro institucional denunciado internamente», afirman.
Una de las denuncias más delicadas apunta a que decisiones fundamentales dentro del SNS relacionadas con nombramientos, asignaciones de vehículos, combustible y otras áreas administrativas estarían siendo manejadas por su hijo, Julio César Landrón Junior.
Según lo denunciado, Landrón Junior, quien figura como jefe de Residencia en el Hospital Doctor Darío Contreras, «ejerce influencia directa sobre decisiones operativas del SNS pese a no ocupar oficialmente funciones administrativas dentro de la institución».
Afirman que Landrón Junior habría incidido en la salida del doctor Joselín Valdez de la dirección del Darío Contreras, luego de que éste cuestionara públicamente sus ausencias laborales y denunciara que no acudía regularmente a cumplir sus responsabilidades en el centro hospitalario.
«Los cristales de la oficina utilizada por Landrón Junior en el Darío Contreras fueron tintados para impedir que se notara su constante ausencia, debido a que el espacio permanecía vacío gran parte del tiempo», indican.
Las denuncias también indican que Landrón Junior sería quien entrega y autoriza nombramientos dentro del SNS y que mantiene bajo control gran parte de la flotilla vehicular de la institución, supuestamente utilizada para fines particulares y actividades políticas vinculadas a un proyecto de aspiración a diputado por el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.
Según información confirmada por empleados consultados, «la falta de vehículos ha limitado trabajos de supervisión e inspección en distintas dependencias del SNS».
Las fuentes agregan que Landrón Junior impuso restricciones para el suministro de combustible, estableciendo un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, bajo un sistema de tickets administrado por personal de su confianza, y que los vehículos institucionales no reciben abastecimiento completo, afectando las labores operativas.
«A esto se suma un ambiente laboral hostil, marcado por persecuciones internas, vigilancia constante, presiones psicológicas y precariedades básicas dentro de las oficinas, incluyendo limitaciones en el acceso a agua potable para los empleados», revelan.
Agregan que “muchos trabajadores desempeñan sus funciones bajo miedo, presión y amenazas constantes”.
