Estados Unidos lleva 67 años impulsando y llevando a la práctica una política de máxima presión contra Cuba y su pueblo.
Se trata de un proceso de crímenes, de ataques sostenidos, que han ido aumentando en intensidad y carácter delictivo, con la determinación de llevar a cabo un ataque a Cuba bajo el modelo venezolano.
Me refiero con esto del modelo Venezuela, a la política de promover imputaciones jurídicas contra lideres de esta nación, en esta ocasión contra el General ® Raúl Castro Ruz, ex secretario general del Partido Comunista de Cuba y ex presidente del Consejo de Estado y de ministros entre el año 2008 al 2018, fecha en la cual se retiró de toda actividad pública.
La acción legal contra Raúl Castro es una nueva artimaña de la administración Trump, reconocido como un régimen donde la mitomanía se impone y que continua la línea trazada desde el gobierno de John Kennedy de amenazar a Cuba con su invasión. Se trata de imponer nuevamente el peso delictivo del sistema de justicia penal estadounidense, anticipando una posible pena máxima de cadena perpetua, generando la sospecha que Washington pretende concretar tal idea implementando una acción militar de secuestro de Castro Ruz por medios similares a los que empleó el ejército estadounidense en el rapto del mandatario venezolano Nicolás Maduro.
En esta ocasión, el histórico líder cubano ha sido acusado por el fiscal general interino estadounidense, Todd Blanche, de “los delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves” haciendo referencia a la muerte de cuatro miembros de la organización Hermanos al Rescate el día 24 de febrero de 1996 que, en sus aeronaves provenientes del territorio estadounidense, violaron el espacio aéreo cubano.
Acción que generó la legítima respuesta de un país soberano de no permitir la violación de su soberanía. Las mencionadas avionetas despegaron del Aeropuerto de Opa-locka (actualmente conocido como Miami Opa-locka Executive Airport), ubicado en el condado de Miami-Dade, Florida, Estados Unidos.
Lo mencionado da cuenta que, el régimen estadounidense, sean estos demócratas o republicanos, no perdona a Cuba en haberse constituido en el primer territorio libre de América tras el triunfo de la revolución encabezada por el fallecido comandante Fidel Castro Ruz. Una espina clavada, permanentemente, en la arrogancia del imperialismo estadounidense.
Imputaciones contra el General Castro Ruz, uno de los líderes históricos cubanos, no sólo extemporáneas, sino que falsarias. Se obvia interesadamente el hecho que, en forma evidente, cualquier país al cual se le ha violado repetidamente su espacio aéreo, que advierte que se detengan esas violaciones, so pena de usar fuerza militar, y esas acciones aumentan bajo el impulso de Washington y sus servicios de inteligencia, llega el día que la advertencia se hace efectiva.
Cuando ello se concreta, sobreviene el vocifero, el desgarrar vestiduras respecto a la defensa de los derechos humanos de personajes claramente identificados como parte de grupos terroristas, en este caso de origen cubano, radicados en Miami. Una ciudad que, desde el triunfo de la revolución cubana, se convirtió, no sólo en destino del exilio de políticos, militares y sectores afines a la dictadura del derrocado Fulgencio Batista, sino también en guarida de cuanto grupo terrorista se formó al amparo de la protección, apoyo político, financiero y militar de los gobiernos estadounidenses que han utilizado esa masa como serviles testaferros, ocultando así la verdadera identidad de aquellos interesados en atacar a Cuba.
Esta nueva inculpación, contra un líder cubano, se implementa en un marco mundial de absoluto déficit de la legitimidad de la política estadounidense. Un Donald Trump que ha abierto múltiples frentes de enfrentamiento, ataques, procesos desestabilizadores, amenazas a diestra y siniestra, tanto contra amigos como adversarios y enemigos.
Un mandatario con debilidad política en su país, con graves deficiencias militares, económicas y políticas, que resultan en la clásica necesidad de la política de Estados Unidos de buscar salidas externas a sus graves problemas internos que, en el caso de Trump incluye serias acusaciones en que se le vincula al escándalo criminal denominado “Caso Epstein” . Esto a través de documentos judiciales y de denuncias pública respecto a abusos sexuales, tráfico de menores, violaciones y obstrucción a la justicia.
La conducta delictiva crónica de Estados Unidos respecto a Cuba ahora intenta llevar a cabo la amenazada irrupción del territorio cubano y con ello el intento de secuestrar a dirigentes políticos de este país latinoamericano ¿Objetivo esencial? Lograr el lograr el control de la isla y ampliar así el control geopolítico de la zona del Caribe. Como también dar una señal para el resto de los países latinoamericanos, aprovechando en ello la línea narrativa de acusar a Cuba de constituirse en una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Vieja formula imperial del ente estadounidense. La ofensiva jurídica, económica y con amenazas militares está en plena ejecución.
Este nuevo Lawfare (1) en este caso contra la República de Cuba, en general y en específico contra Raúl Castro, referida al caso de las avionetas en 1996 que, desde territorio estadounidense violaron el espacio aéreo cubano genera una evidente y enorme preocupación. Esto, porque representa un nuevo acto de agresión y una provocación abierta por parte de los Estados Unidos. La administración de Donald Trump actúa bajo la costumbre de erigirse como el «sheriff del mundo», intentando aplastar cualquier disenso que se oponga a sus objetivos de dominio geopolítico.
Esta medida es como sacar conejos de un sombrero, una táctica propia de un mago mediocre. Un día lanzan acusaciones contra nuestros gobiernos tildándolos de narcotraficantes o de establecer carteles de la droga, y al otro día nos acusan de financiar a grupos opositores o de servir a potencias extranjeras que supuestamente ponen en peligro la seguridad estadounidense. Nuestras sociedades se encuentran ante una administración estadounidense, desesperada en su intento de evadir sus propios problemas internos. Por ello, recurre a campañas de desinformación, operaciones mediáticas, presiones económicas y ataques para someter a los países que no se alinean a sus dictados.
Presiones Delictivas
El caso penal en cuestión, radicado en una corte federal de Miami, imputa a Raúl Castro (quien actualmente tiene 94 años) los delitos de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves. Los cargos se basan en los hechos de febrero de 1996, cuando se derribaron las mencionadas avionetas pertenecientes a grupos que, bajo la fachada de una organización humanitaria, buscaban derrocar al gobierno cubano e ingresaron ilegalmente en el espacio aéreo de la isla. Esto, a pesar de las reiteradas advertencias y las solicitudes de las autoridades cubanas a sus pares estadounidenses, para no seguir generando situaciones que pudiesen acarrear problemas mayores.
Y “Tanto va el cántaro a la fuente, que al final se rompe” que el día 24 de febrero Tres avionetas Cessna 337 Skymaster de la organización contrarrevolucionaria cubana “Hermanos al Rescate” despegaron desde Miami y violaron el espacio aéreo cubano en repetidas ocasiones, haciendo caso omiso de las advertencias de no seguir adelante con esa conducta claramente provocadora.
Dos de los tres aparatos aéreos fueron derribados lo que generó la lógica reacción del gobierno del ex presidente Bill Clinton que firmó la ley Helms-Burton que endureció, superlativamente, la política de bloqueo contra Cuba. Los objetivos de los grupos radicales cubanos asentados en Miami lograron su objetivo sacrificando la vida de cuatro de sus compatriotas y que después de treinta años se reflota como una nueva arista de ataques contra Cuba.
Hoy la acusación se fundamenta en asignar responsabilidad al General ® Raúl Castro Ruz por la llamada cadena de mando. Esto, pues en esa fecha el mencionado líder cubano era la máxima autoridad militar en Cuba. Se argumenta también la existencia de grabaciones de audio, donde se detalla que se ordenó el derribo de las aeronaves tras violar el espacio aéreo cubano. Unido a reportes e informes aeronáuticos que afirman que el derribo de las dos avionetas en aguas internacionales. Una postura que Cuba ha rebatido históricamente, demostrando con coordenadas ante organismos internacionales que las naves violaron su espacio soberano.
Es evidente el carácter absolutamente político-mediático de la decisión estadounidense, en medio de fuertes críticas a su política exterior. Esto, pues Raúl Castro ya no ocupa cargos estatales ni partidistas activos. Desde el 2018 la presidencia de Cuba está en manos de Miguel Díaz-Canel y, posteriormente, en abril de 2021, durante el VIII Congreso del PCC, el general castro Ruz dejó su último cargo como Primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, retirándose también del Buró Político.
Las motivaciones políticas detrás de una decisión extemporánea se revelan en función de reflotar un caso ocurrido tres décadas atrás y que se explican el momento elegido por la Casa Blanca para volver a presentar un caso que muestra más su intervención permanente en los asuntos cubanos, el apoyo a organizaciones terroristas, cuya misión es desestabilziar a Cuba en múltiples aspectos, que presentarse como un defensor de los derechos humanos, punto que ya nadie le cree en el mundo, más allá de sus cipayos.
¿Cuáles son estas razones? Grosso modo:
- Debilidad política de la segunda administración presidencial de Donald Trump: Un régimen que enfrenta una baja popularidad interna y duros cuestionamientos por su política exterior, particularmente por las tensiones y agresiones contra Irán. La política de guerra comercial con China. El tema de tensiones con la Unión Euroepa, la OTAN y la Guerra de este trío en Ucrania contra Rusia, que evidencia las falsas promesas de Trump.
- Crisis económica y geopolítica: La administración se encuentra cuestionada en materia económica y muestra una posición de debilidad frente a sus aliados europeos, mientras mantiene una postura sumisa ante el avance de China.
- Estrategia electoral en Florida. Las elecciones de medio término ad-portas que evidencian una postura implacable contra el gobierno cubano, con el objetivo de consolidar el respaldo del exilio de línea dura en el sur de Florida para obtener rédito político doméstico. Esto también pretende influir en sectores de las comunidades venezolana y nicaragüense que apoyan a la derecha más radical de Estados unidos, a pesar de que esa misma derecha promueve políticas de deportación que los afectan. Es la clásica conducta del esclavo que termina defendiendo a su opresor.
- Construcción de un marco legal para la intervención. Reeditar una agresión contra un país latinoamericano bajo el que podemos denominar el “modelo Venezuela”. Al igual que ocurrió con la imputación penal contra Nicolás Maduro en 2020, Washington busca dotarse de una base jurídica que califique al liderazgo cubano como «criminal» o «prófugo», justificando así un escenario de asfixia total o intervención.
Ahora bien, todo esto nos lleva a la siguiente interrogante. ¿De qué justicia se puede hablar en Washington tomando en cuenta casos de impunidad interna como el caso Epstein que involucran al actual mandatario? ¿Qué justicia puede invocar el régimen estadounidense frente a décadas de crímenes, desestabilización, agresiones, Golpes de Estado e invasiones contra una enorme cantidad de países de todos los continentes?¿Cuáles son las verdaderas prioridades de la justicia estadounidense? Respuestas que serán explicitadas, en la parte II de este artículo.
