¡Que bueno que tanta gente se hagan garantes y griten por esta acuciante y mala situación del pueblo!
La masiva movilización ciudadana del pasado 30 de noviembre, denominada la «Marcha del Pueblo», no fue un simple acto de proselitismo, como pretenden etiquetarlo sus detractores; fue un grito desesperado de una nación asfixiada. Miles de dominicanos inundaron las calles del Distrito Nacional, bajo el liderazgo de la Fuerza del Pueblo (FP) y el expresidente Leonel Fernández, para ejercer un derecho sagrado y constitucional, protestar contra la indolencia de un gobierno que ha dado la espalda a las necesidades más básicas de su gente.
Desde siempre, la sociedad sabe que los partidos políticos no son meras maquinarias electorales, sino que deben convertirse en garantes del bienestar de su pueblo, estén gobernando o en la oposición. Sin embargo, la administración de Luis Abinader y el PRM ha optado por la improvisación y la apatía frente a una crisis multifacética. Mientras el presidente anda de pachanga, la realidad en los barrios como Capotillo y La Zurza es otra muy distinta, la canasta básica es inalcanzable, la inseguridad mantiene a las familias presas en sus propios hogares y los hospitales carecen de medicinas esenciales.
Es en este contexto de desamparo donde la Fuerza del Pueblo asume su rol histórico. La marcha expuso las heridas abiertas de la sociedad, el alto costo de la vida, los apagones constantes y la baja calidad en el servicio de educación. No obstante, en lugar de escuchar este reclamo legítimo, la Junta Central Electoral (JCE) ha actuado con un preocupante desconocimiento de las prerrogativas constitucionales. Al intimar a la Fuerza del Pueblo bajo la premisa de una supuesta campaña a destiempo, el órgano electoral parece ignorar que la Constitución garantiza la libertad de reunión y manifestación como pilares del Estado democrático,. Pretender silenciar la protesta social ante el hambre y la inseguridad mediante amenazas administrativas es un atentado contra la democracia misma.
La reacción del oficialismo y de ciertos sectores mediáticos revela más miedo que razón. Los detractores de la Fuerza del Pueblo y de Leonel Fernández sangran por la herida, aturdidos por el contundente respaldo popular mostrado en las calles. Les duele ver a un partido, que con vocación de servicio, ha logrado conectar con el sufrimiento de las madres solteras, los desempleados y los jóvenes sin oportunidades. Intentan minimizar la movilización calificándola de «fiesta navideña», una burla que solo confirma la desconexión de un gobierno que vive en una burbuja de relaciones públicas mientras el pueblo padece.
La realidad es ineludible, el manejo discrecional de los fondos públicos y el deterioro de los servicios han llevado al país a un punto de quiebre. Como bien señaló Leonel Fernández, este gobierno ha demostrado ser «inepto» e «incapaz», provocando que los precios de los alimentos aumenten desproporcionadamente y que el sistema eléctrico colapse por falta de gerencia.
La «Marcha del Pueblo» ha funcionado como un plebiscito anticipado. Ha quedado claro que el PRM es un «inquilino temporal» en el Palacio Nacional y que la ciudadanía, harta de promesas incumplidas y de un «cambio» que resultó ser un retroceso, ya está exigiendo que recojan sus maletas para el 2028. Defender los intereses del pueblo no es un delito electoral, es un imperativo moral. Y mientras el gobierno siga improvisando con el destino de la nación, saludamos que la Fuerza del Pueblo siga en las calles, ejerciendo su derecho democrático a ser la voz de los que no tienen voz.
