Buenos días. Celso Marranzini Pérez, actual presidente del Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras de Electricidad, revela que unos 800 mil usuarios entre residenciales, pequeños negocios como colmados, farmacias y talleres, tienen conexiones eléctricas ilegales. A estos les concede un plazo de seis meses para que regularicen su situación. Según el funcionario, los conectados de manera irregular que no obtemperen serán penalizados, sus nombres divulgados en los periódicos, además de que serán objeto de persecución por parte de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico. Lo anunciado por Celso no amerita discusión alguna, aunque sí permite aprovechar para sumar otras inquietudes vinculadas al tema. Sería bueno, por ejemplo, que la sociedad sepa qué cantidad de pudientes, de intocables y protegidos está en la misma situación que los pequeños negocios identificados por él. Sería interesante por lo que denunciara un informe del Banco Mundial hace unos años, respecto a que el “mayor robo eléctrico de RD se registra en sectores pudientes”. ¿Lo denunciado cambió, se redujo, es más fuerte ahora o desapreció? Resultará extraordinariamente interesante conocer la respuesta de Celso respeto a lo indicado. Otro detalle que se pudiera incluir en lo anunciado, es que la gente que religiosamente paga su servicio pueda recibir una deducción en el recibo de las horas/días que no recibe la energía eléctrica. ¡Es también irregular cobrar por un servicio que no se ofrece a quienes sí están en orden! Esperemos para ver qué ocurrirá seis meses después, aunque lo más probable es que todo quede en otro intento fallido.
