Buenos días. Otra vez la sociedad dominicana es escandalizada por casos de violaciones sexuales a niños, adolescentes y mujeres. Lo ocurrido hace unos días en el municipio de Villa González, provincia de Santiago, donde una banda compuesta por seis individuos violó en grupo a una joven de 21 años, es un capítulo vergonzoso que, por su connotación perversa, confirma que esas prácticas no solo han crecido en el país, sino que agregan matices de alta preocupación social. Estamos ante un fenómeno en crecimiento sostenido, aunque el país, la sociedad, siguen sin respuestas para enfrentarlo y extirparlo con firmeza y determinación. Para nadie es un secreto que aquí, por ejemplo, abundan depredadores sexuales escondidos en las iglesias, católica y evangélica, que se aprovechan de niñas, niños y jovencitas de quienes abusan descaradamente. Tampoco es secreto que en el entorno familiar existen por igual comportamientos de esa naturaleza, solo que quienes tienen la responsabilidad de legislar para librar del flagelo a la familia, la sociedad y a las víctimas en sentido general, andan por las ramas por razones que dejan interrogantes y sospechas. Desde estas páginas hemos gritado a todo pulmón para que se actúe con responsabilidad ante el mal, reclamando que a los violadores de niños se les fusile, se les vuele la cabeza o se les ahorque en una plaza pública como escarmiento, ¡pero ni uno de los señores legisladores toma la iniciativa! Es tiempo de cortar de raíz semejante fenómeno. De que se discuta y apruebe una ley de castración química obligatoria, en vez de supuestamente “regenerar» a las bestias que cuando salen de las cárceles, lo hacen más decididas a seguir haciendo daños. La sociedad tiene que cortar estas progresivas prácticas y la mejor formar de lograrlo, es exigiendo como un solo cuerpo, la aprobación de una ley como la sugerida, a los fines de que todo pervertido que intente o cometa una acción de esa naturaleza, sencillamente sea sacrificado. ¿Qué o quién lo impide?
