El reciente colapso del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) el pasado martes 11 de noviembre de 2025, un evento que sumió a casi toda la República Dominicana en la oscuridad, no fue simplemente una falla técnica fortuita, sino el síntoma más visible de una enfermedad institucional crónica. En el ámbito dominicano, observamos con frustrante regularidad cómo hechos perjudiciales en los servicios esenciales, prestados por instituciones del Estado, se suceden sin que los responsables técnicos o administrativos rindan cuentas, lo cual perpetúa un ciclo de negligencia e improvisación.
Según los informes técnicos, la crisis se desencadenó a la 1:23 p.m. por un “error operativo humano” durante una maniobra manual de apertura de cuchillas en la subestación 138/69 kV SPMI en San Pedro de Macorís. Este incidente, que por sí solo no debería haber provocado un blackout nacional, se propagó en cascada debido a las profundas vulnerabilidades estructurales del SENI. Entre estas falencias críticas, se destacó la ausencia del sistema de protección diferencial de barras, un mecanismo indispensable para aislar fallas de manera instantánea y evitar el colapso total. La negligencia se revela no solo en el error de campo, sino en la falta de personal técnico calificado, la ausencia de protocolos de entrenamiento continuo y una supervisión operativa insuficiente.
El costo de esta fragilidad sistémica fue inmediato y devastador. El sector comercial estima pérdidas que superaron los RD$2,500 millones de pesos por concepto de negocios parados y producción afectada. Los pequeños y medianos empresarios, que carecen de plantas de respaldo, sufrieron pérdidas millonarias en productos perecederos y debieron enfrentar gastos cuantiosos en combustible (cuyo costo total en el país se estimó en RD$135,415 millones para operar plantas de emergencia). Más allá de lo económico, la dimensión humana del desastre es inaceptable, hospitales críticos, como el Darío Contreras y el Luis Eduardo Aybar, se vieron obligados a desviar recursos de sus subvenciones para costear el combustible de sus plantas. La interrupción paralizó el Metro y el Teleférico, dejando a miles de ciudadanos varados y obligados a caminar por kilómetros. Incluso el suministro de agua potable se vio afectado, pues las estaciones de bombeo dependen totalmente de la energía eléctrica.
Si un simple error humano en una subestación es capaz de desencadenar tal caos, la falla no es solo técnica; es fundamentalmente de gobernanza. El país no puede aspirar a la modernidad con una red eléctrica del siglo XXI operando con regulaciones y fiscalización del siglo XX. Durante años, el Congreso ha aprobado marcos legales que benefician a consorcios privados sin obligarlos a invertir en sistemas de almacenamiento (baterías de regulación) ni a garantizar la estabilidad de la red, a pesar de la creciente penetración de energías renovables no convencionales (cercana al 40%) que no aportan inercia.
La debilidad del régimen de consecuencia se hace aún más evidente cuando las autoridades se enfrascan en la demagogia y la incoherencia. Mientras la viceministra de Energía y Minas, Betty Soto, atribuyó el colapso a un «error humano operativo», el ministro Joel Santos desmintió la existencia de un informe oficial concluyente, buscando diluir la responsabilidad inmediata en medio de una “pesquisa rigurosa”. Esta danza de versiones solo erosiona la credibilidad en un momento en que el país clama por transparencia.
El caso del Metro de Santo Domingo es emblemático de la falta de previsión y responsabilidad administrativa. La OPRET admitió que el sistema de generación de emergencia de 18 plantas de respaldo (que pudieron haber evitado el caos en el transporte masivo) estaba fuera de servicio por «mantenimiento profundo» y que el combustible diésel tenía 11 años de antigüedad y se había deteriorado. La dirigencia de la oposición política; y a eso me sumo, ha exigido ante esta negligencia, la identificación y sanción de los responsables técnicos y administrativos.
Esperamos, con una voz de urgencia cívica, que este último apagón no se archive con la impunidad acostumbrada, sino que marque el inicio de un verdadero régimen de consecuencia. Se necesita una investigación transparente, que no solo determine el origen exacto de la falla, sino que sancione la inacción legislativa y la negligencia administrativa (como la falta de mantenimiento en el Metro o las debilidades regulatorias que permiten la fragilidad de la red). Solo a través de la rendición de cuentas podremos desmantelar el muro de la impunidad que ha mantenido a la nación en la oscuridad, tanto literal como institucionalmente.
