El ambientalismo no puede vigilar al Gobierno desde el Palacio
Por Paino Abreu Collado
Hay cosas que, por más vueltas que se les dé, nacen mal. Y eso es lo que pasa con el llamado Observatorio de Políticas Ambientales, una iniciativa que se presenta como mecanismo de vigilancia, pero que desde el principio deja demasiadas dudas sobre su independencia.
Si un organismo va a observar al Gobierno, lo mínimo que uno espera es que no dependa del propio Gobierno para funcionar. Y justamente ahí está el problema de fondo: este observatorio nace demasiado cerca del poder que supuestamente debe vigilar.
Todo esto viene desde enero de 2024, cuando varios dirigentes del movimiento ambientalista agrupados en la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas firmaron en el Palacio Nacional un convenio de colaboración con el Gobierno. En ese momento se habló de fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y de crear un observatorio que sirviera de veedor de las políticas ambientales.
Sobre el papel sonaba bien, pero en la práctica la cosa comenzó a oler raro desde el primer día. Más de un año después, el 16 de marzo de 2026, el presidente Luis Abinader juramentó el Comité Gestor del Observatorio, establecido mediante el Decreto 105-26 del 2 de marzo de ese mismo año.
Y ahí quedó más claro el problema: el Ministerio de Medio Ambiente tendrá representación dentro del organismo y, además, los recursos para su funcionamiento llegarán a través de esa misma institución. Dicho de manera sencilla, el ministerio sería juez, parte y también el que pone el dinero.
Eso no es veeduría independiente. Eso se parece más a un esquema en el que el vigilado participa en la vigilancia y, de paso, maneja la llave del presupuesto. Y cuando eso ocurre, la credibilidad del invento se debilita antes de empezar a caminar.
En esa coalición participan, entre otros, la Academia de Ciencias de la República Dominicana y la Comisión Ambiental de la UASD. El problema no es su trayectoria ni su peso en el debate público, sino que ambas mantienen vínculos institucionales o financieros con el Estado, lo que complica hablar de una autonomía plena dentro de un mecanismo que supuestamente debe fiscalizar al propio poder público.
Y si a eso se suma la participación de un grupo ONG que también entrarían en una dinámica de financiamiento estatal, entonces la confusión es todavía mayor. Porque una cosa es colaborar con las autoridades y otra muy distinta es depender de ellas para ejercer una función de vigilancia.
Las organizaciones sociales y ambientales están para observar, denunciar, alertar y presionar cuando el Estado falla. Esa función tiene valor precisamente porque se ejerce desde fuera del poder, no desde una oficina armada con recursos del mismo aparato que se pretende vigilar.
Cuando esa línea se borra, también se borra una parte importante de la autoridad moral de quienes participan. Y en asuntos ambientales, donde muchas veces hay que enfrentar intereses económicos y decisiones oficiales, esa autoridad moral vale mucho.
Conviene además no mezclar conceptos. La veeduría ambiental es una tarea de observación y vigilancia sobre el cumplimiento de las normas, mientras que una auditoría ambiental seria exige estudios, evaluaciones técnicas, participación social y respaldo en instrumentos legales y de rendición de cuentas.
No es lo mismo denunciar una irregularidad que montar una estructura burocrática con apariencia de control ciudadano. Una cosa ayuda a fortalecer la crítica independiente; la otra puede terminar neutralizándola.
En el caso de Luis Carvajal, coordinador de la Comisión Ambiental de la UASD, el reconocimiento a su trayectoria no está en discusión. Se trata de una figura respetada por su compromiso con la defensa del medio ambiente, pero justamente por eso su participación en este proceso genera más inquietud.
Porque una voz con prestigio propio no debería quedar atrapada en un mecanismo que, en vez de fortalecer su independencia, puede terminar restándole fuerza. Y eso vale también para otros dirigentes ambientalistas que han construido su nombre a base de firmeza, coherencia y distancia crítica frente al poder.
El fondo del asunto es simple. No se fortalece la vigilancia ambiental creando una nueva estructura financiada por el Estado para supervisar al Estado. Lo que se fortalece así es la posibilidad de cooptar voces, suavizar críticas y convertir la vigilancia en un trámite decorativo.
Por eso, más que celebrar este observatorio, lo que toca es mirarlo con cuidado. Porque cuando el ambientalismo entra al Palacio a pactar su función de vigilancia, corre el riesgo de salir con menos libertad, menos credibilidad y menos fuerza para denunciar lo que antes podía hacer sin pedir permiso.
En mi criterio personal, el tal observatorio en que ha sido atrapado una buena parte del movimiento ambientalista dominicano, es un tremendo disparate que por el camino trazado podría convertirse en una institución burocrática más del Estado.
