Buenos días. Titulares de los diarios revelan el caso de una niña de 13 años, que fuera violada por profesores en un centro escolar de San Pedro de Macorís. Un capítulo más de la repugnante historia que se hace repetitiva, presente y en definitiva despreciable, aunque o no se supone que maestros abusen de jovencitas cuyo deber es educarlas. Este caso en particular tiene aristas preocupantes que debieran provocar reacciones en las autoridades, la familia y el conjunto de la sociedad. Destaca entre ellas la confesión de la directora del centro escolar, Rosalía Puentes, quien admite que, tras el bochornoso hecho, “en la escuela todo continúa normal, como si nada ha pasado». Otra particularidad es que la alumna abusada no volvió a clase y, según la citada funcionaria, a pesar de las gestiones hechas por ante sus familiares, no ha sido posible lograr su retorno. Resulta preocupante el hecho de que “todo sigue normal” en el centro educativo, pero no lo es menos que la menor optara por no volver a recibir docencia. La normalidad inquieta porque es un comportamiento que pudiera reflejar la aceptación social de lo que no debiera pasar. Por igual preocupa la deserción forzada de la alumna porque deja dudas respecto a su futuro, su preparación para la vida, su estima personal. Solo que, ante las dos aristas, el país, sus autoridades, no tienen respuestas. Este deprimente caso nos lleva a insistir en la urgencia de aprobar una ley de castración química obligatoria, que se aplique a todo abusador de niños, niñas y adolescentes. ¡Solo que para lograrlo no hay el suficiente compromiso político, ni el apoyo del Congreso Nacional!
