Desde el inicio de su mandato, Luis Abinader prometió cambios estructurales en República Dominicana. Sin embargo, a más de cuatro años de gobierno, su administración ha acumulado más retrocesos que avances, dejando al país sumido en una crisis multifacética que abarca desde la deuda pública hasta la improvisación de políticas y la corrupción. La gestión de Abinader podría considerarse una de las más decepcionantes en la historia reciente del país, por el cúmulo de problemas que hoy afligen a la nación. A continuación, un análisis exhaustivo de los fracasos más destacados del actual gobierno.
En términos de deuda pública, el gobierno de Abinader ha alcanzado cifras históricas, superando los USD 62,000 millones. En un contexto de crecimiento económico bajo, el incremento del endeudamiento resulta inexplicable. A pesar de los préstamos y de la excusa de la pandemia como justificación para estas adquisiciones, el país no ha visto una sola obra significativa que demuestre un uso efectivo de estos fondos. En cambio, los fondos se diluyen en gastos recurrentes y, peor aún, en la falta de planificación adecuada para ejecutar proyectos de impacto social y económico.
La falta de recursos y la incapacidad de gestión fiscal han llevado al presidente Abinader a cobrar adelantos de impuestos a empresas, generando una situación asfixiante para el sector productivo. Este mecanismo es insostenible y crea una presión innecesaria en un entorno económico ya de por sí frágil. Es paradójico que, mientras busca ingresos inmediatos, se comprometa a reducir impuestos a las empresas extranjeras en zonas francas, exacerbando aún más las desigualdades en el sistema impositivo dominicano.
Las promesas de mejorar la calidad educativa y el sistema de salud han quedado en palabras vacías. El presupuesto destinado a educación ha sido insuficiente y mal gestionado, con escándalos recurrentes de corrupción en el Ministerio. Los resultados del sistema educativo son cada vez más alarmantes, y el déficit en infraestructura escolar persiste. En salud, los hospitales operan sin insumos y el personal médico enfrenta condiciones laborales deplorables. Durante la pandemia, esta falta de estructura y planificación quedó expuesta, revelando un sistema incapaz de responder a la emergencia.
La agricultura dominicana se ha visto abandonada. La falta de políticas de apoyo al productor y de inversión en tecnología y recursos ha dejado al sector vulnerable, y los costos de los alimentos han alcanzado precios alarmantes. Este desinterés por la agricultura local no solo afecta a los productores, sino que pone en peligro la seguridad alimentaria del país, empujando a las familias a la pobreza extrema debido a los elevados precios de los alimentos básicos.
La cultura, ese pilar fundamental para preservar la identidad nacional, ha sido dejada a un lado en las políticas del gobierno. No existen programas integrales para el desarrollo cultural, y el abandono de este sector solo ahonda en la falta de cohesión social. En seguridad, los niveles de criminalidad han aumentado considerablemente, con un sistema policial desgastado y una estrategia de seguridad pública que se limita a medidas reactivas y poco efectivas.
La inflación ha erosionado el poder adquisitivo de los dominicanos, y el gobierno de Abinader ha sido incapaz de frenar el alza de precios en productos esenciales. El índice de precios al consumidor se ha disparado, afectando principalmente a las clases más vulnerables, que no pueden costear la canasta básica. Esta situación desvela la falta de control gubernamental sobre los aspectos económicos más elementales que afectan a los ciudadanos.
Uno de los puntos más oscuros de la administración de Abinader es su intento de moldear las leyes a su conveniencia. La propuesta de reforma constitucional busca fortalecer sus poderes y debilitar los mecanismos de control. Este tipo de maniobra, lejos de proteger los intereses de la nación, refleja un afán de consolidar un poder absoluto. Asimismo, la justicia y el Ministerio Público, que deberían operar de manera autónoma, han sido utilizados para perseguir a sus adversarios políticos y obstruir investigaciones incómodas. Los intereses del país han sido relegados para satisfacer una agenda política personalista.
El manejo de la crisis migratoria ha sido caótico. Las promesas de regularizar la situación de los inmigrantes y controlar las fronteras solo han quedado en promesas incumplidas. No existe una política clara y firme que permita al país manejar este desafío de manera ordenada. La improvisación en este tema ha generado una situación de incertidumbre tanto para los inmigrantes como para los ciudadanos, que sienten inseguridad y falta de control en el territorio nacional.
El presidente ha tenido que retractarse en varias ocasiones ante las presiones sociales y políticas, demostrando una falta de coherencia en su gestión. Las decisiones improvisadas han sido la tónica de su administración, y cada marcha atrás representa una pérdida de credibilidad y una muestra de la inestabilidad en su toma de decisiones.
La administración de Luis Abinader no solo ha fracasado en cumplir sus promesas; ha sumido a República Dominicana en una crisis que afecta cada aspecto de la vida nacional. El endeudamiento sin precedentes, la falta de proyectos que justifiquen esos gastos, la ineficiencia en áreas clave como educación, salud y seguridad, y los constantes retrocesos en políticas, demuestran una gestión deficiente y sin dirección clara.
El presidente Abinader ha demostrado que su administración carece de la capacidad y del compromiso necesarios para atender las necesidades del país. Su mandato, lejos de ser un período de cambio y desarrollo, ha sido una etapa de deterioro y frustración para la nación dominicana. Es hora de que se realice una profunda reflexión sobre el rumbo que se está tomando, porque la historia no absolverá a aquellos que han puesto en jaque el futuro de la República Dominicana.
