Por Ramón Morel
En República Dominicana, el derecho a retirarse existe con una condición que demasiados trabajadores no pueden cumplir: disponer de ingresos suficientes para ejercerlo. La edad llega puntualmente; la jubilación, no.
Un dato reciente de la Tesorería de la Seguridad Social obliga a mirar más allá de los discursos sobre crecimiento y bienestar: 117,719 personas mayores de 64 años continúan cotizando, una cantidad que aumentó 33.9 % desde 2020. La mayoría permanece empleada en el sector privado y una proporción importante se concentra en los servicios. Diario Libre
La cifra podría presentarse como demostración de vitalidad, longevidad productiva y amor al trabajo. En algunos casos lo es. Muchas personas desean mantenerse activas, preservar sus rutinas y continuar aportando su experiencia. Trabajar después de los 64 años no constituye, por sí mismo, una desgracia.
La desgracia comienza cuando continuar trabajando deja de ser una elección.
Entre los casos reseñados aparece una secretaria ejecutiva de 65 años que, después de más de cuatro décadas de vida laboral, recibe una pensión y una renta vitalicia, pero necesita seguir trabajando porque ambos ingresos resultan insuficientes. También está el caso de un chofer de 68 años que no recibe pensión y admite que se retiraría si contara con recursos para hacerlo.
Dos historias distintas terminan pronunciando la misma verdad: no siempre se trabaja después de la edad de retiro porque se quiere, sino porque detenerse puede significar caer en la pobreza.
Y los 117,719 registrados apenas representan la parte visible. La TSS contabiliza cotizantes formales. Fuera de esa cifra quedan envejecientes que sobreviven en la informalidad: vendiendo en las calles, conduciendo vehículos, realizando oficios ocasionales o dependiendo de familiares que tampoco poseen ingresos suficientes. Son trabajadores para la economía, pero fantasmas para el sistema previsional.
Según el Consejo Nacional de Seguridad Social, el derecho ordinario a una pensión por vejez requiere haber cumplido 60 años y acumulado 360 meses de cotizaciones. Es decir, treinta años. CNSS
El problema es que esa exigencia fue diseñada como si la trayectoria laboral dominicana fuera continua, estable y formal. No lo es.
La propia Superintendencia de Pensiones reconoce que, debido a la inestabilidad del mercado laboral, las personas cotizan en promedio solamente cuatro de cada diez meses y muchas no llegarán siquiera a acumular 25 años de aportes al cumplir los 60. Por eso propone establecer una pensión mínima garantizada a partir de quince años de cotizaciones. SIPEN
La admisión es significativa. El sistema exige una regularidad laboral que la propia economía no proporciona. Reclama décadas de aportes ininterrumpidos en un país marcado por la informalidad, los bajos salarios, el desempleo temporal y la entrada y salida constante de trabajadores del mercado formal.
Después se responsabiliza al individuo: no cotizó lo suficiente, no ahorró, no planificó. Pero difícilmente se puede ahorrar lo que nunca alcanzó para vivir ni cotizar desde un empleo formal que nunca estuvo disponible.
Un estudio del Banco Mundial, elaborado como parte de una asistencia técnica a la SIPEN, concluyó que apenas el 16 % de los adultos mayores de 65 años recibe una pensión del régimen contributivo. También estableció que solo el 40.9 % de los trabajadores aportaba a la seguridad social, conforme a datos de 2022. Banco Mundial
Cuando un sistema concebido como universal apenas alcanza contributivamente a una fracción tan reducida de la población envejeciente, la exclusión ya no puede considerarse una anomalía. Se ha convertido en parte de su funcionamiento.
El tiempo, además, está corriendo en contra del país. La Oficina Nacional de Estadística calcula que la esperanza de vida alcanzó los 75.7 años en 2026 y proyecta que las personas de 65 años o más pasarán de representar el 9 % de la población en 2025 al 17 % en 2050. A mediados de siglo tendremos, por primera vez, más adultos mayores que niños. ONE
República Dominicana está envejeciendo antes de haber construido un sistema capaz de proteger dignamente la vejez.
La reforma pendiente no puede limitarse a modificar porcentajes, elevar aportes o retrasar discretamente la edad de retiro. Debe garantizar una pensión mínima ajustada al costo de la vida, reducir razonablemente los años necesarios para acceder a ella, incorporar a los trabajadores independientes y fortalecer el componente solidario para quienes nunca pudieron completar una trayectoria formal.
Tampoco puede ignorarse la sostenibilidad financiera. Toda promesa debe explicar quién la pagará y cómo se preservarán los fondos. Pero la sostenibilidad no puede consistir en conservar impecablemente un sistema que deja fuera a quienes debía proteger. Un fondo puede exhibir buenos balances y, al mismo tiempo, representar un fracaso social.
Esta deuda no pertenece exclusivamente al gobierno actual. La Ley 87-01 tiene veinticinco años y ha atravesado administraciones de distintos partidos. Ningún gobierno creó por sí solo todas sus deficiencias, pero todos han contribuido a prolongarlas. La responsabilidad heredada no desaparece; cambia de manos.
Se habla con frecuencia de envejecimiento activo. La expresión es válida cuando describe libertad, salud y participación. Se convierte en propaganda cuando pretende embellecer la obligación de trabajar hasta que el cuerpo no pueda más.
El respeto a los envejecientes no se demuestra con homenajes, fotografías ni fechas conmemorativas. Se demuestra cuando una persona que ha trabajado durante cuarenta años puede decidir detenerse sin miedo a perder el techo, los medicamentos o la comida.
Un sistema de pensiones no debe preguntarle al trabajador cuánto tiempo más puede producir. Debe garantizarle que, después de toda una vida produciendo, continuar sea una decisión y no una condena. Mientras eso no ocurra, la edad de retiro seguirá siendo apenas un número escrito en la ley, y el descanso, un privilegio reservado para quienes puedan pagarlo.
