Por Ramón Morel
La deuda dominicana no ha desbordado el PIB, pero está reduciendo la libertad del presupuesto. En 2026, los intereses absorberán casi uno de cada cuatro pesos de ingresos y superarán ampliamente la inversión pública.
Una economía puede crecer y, al mismo tiempo, perder capacidad para decidir su futuro. Puede exhibir estabilidad cambiaria, acceso a los mercados y expansión del producto, mientras una parte cada vez mayor de sus ingresos queda comprometida antes de construir una escuela, reparar un hospital o levantar un acueducto.
Esa es la discusión que debe plantearse sobre la deuda pública dominicana. No desde el alarmismo de una quiebra inminente, que los datos no sustentan, sino desde una cuestión más profunda: cuánto margen financiero conserva el Estado después de pagar el costo de decisiones acumuladas durante años.
El Gobierno del presidente Luis Abinader tiene argumentos legítimos a su favor. La economía ha mostrado capacidad de recuperación; el indicador mensual de actividad económica creció 4.2 % entre enero y mayo de 2026, y las autoridades proyectan una expansión real de entre 3.5 % y 4 % para el cierre del año. Además, la deuda del sector público no financiero ha disminuido como proporción del PIB respecto del pico alcanzado durante la pandemia. (Banco Central de la República Dominicana)
Pero esos datos no agotan el análisis. El PIB sirve para medir el tamaño de la economía; no es la cuenta bancaria con la cual el Gobierno paga intereses. Las obligaciones públicas se honran con ingresos fiscales, y ahí comienza el verdadero problema.
Primero, ordenar las cifras
A mayo de 2026, la deuda del sector público no financiero ascendía oficialmente a US$67,995.5 millones, equivalentes al 48.3 % del PIB estimado. De ese monto, US$48,287.9 millones correspondían a deuda externa y US$19,707.6 millones a deuda interna. (Crédito Público)
En septiembre de 2020, esa misma categoría de deuda alcanzaba US$43,091.1 millones y representaba el 54.8 % del PIB. En consecuencia, el saldo nominal aumentó en aproximadamente US$24,904 millones, un 57.8 %, aunque su peso relativo disminuyó 6.5 puntos porcentuales debido al crecimiento de la economía y a la recuperación posterior a la pandemia.
Ambas cosas son ciertas: la deuda aumentó considerablemente en dólares y, al mismo tiempo, bajó respecto del PIB. Escoger solo una de esas verdades sirve para hacer propaganda, no para comprender las finanzas públicas.
También debe precisarse el dato de US$84,627.3 millones divulgado como deuda consolidada a mayo. Esa cifra resulta de sumar los US$67,995.5 millones del sector público no financiero y US$16,631.7 millones atribuidos al Banco Central, incluyendo obligaciones intergubernamentales. Sin embargo, una verdadera consolidación debe eliminar las deudas entre instituciones del propio Estado para evitar contarlas dos veces. La deuda interna del sector público no financiero contenía en mayo US$2,276.4 millones en bonos de recapitalización adeudados al Banco Central. Sumarlos nuevamente dentro de las obligaciones del emisor produce duplicidad. (Diario Libre)
La última serie trimestral oficial disponible sitúa la deuda pública consolidada en marzo de 2026 en alrededor de US$80,385.9 millones, equivalentes al 59.6 % del PIB. La diferencia no elimina el problema, pero demuestra por qué una crítica seria debe comenzar utilizando correctamente las categorías. (Crédito Público)
El presupuesto revela lo que el PIB disimula
La señal más preocupante no está solamente en el saldo total de la deuda, sino en lo que cuesta sostenerla.
El Presupuesto General del Estado de 2026 estima ingresos para la Administración Central por RD$1.342 billones y pagos de intereses por RD$324,257.1 millones. Eso significa que los intereses absorberán cerca del 24.2 % de todos los ingresos previstos: casi uno de cada cuatro pesos que entren al Gobierno ya tiene acreedor.
La comparación con la inversión pública es todavía más reveladora. Mientras los intereses ascienden a RD$324,257.1 millones, todo el gasto de capital presupuestado suma RD$215,284.7 millones. El Estado destinará a intereses aproximadamente RD$109,000 millones más que a inversión, una diferencia superior al 50 %.
No se trata de una abstracción contable. En mayo, por ejemplo, el Gobierno Central ejecutó RD$21,377.4 millones en intereses y RD$14,429.9 millones en gastos de capital. En ese mes se gastó casi una vez y media más en remunerar deudas anteriores que en activos, infraestructura y proyectos capaces de ampliar la capacidad productiva futura.
Ahí aparece la auténtica hipoteca: no necesariamente en la imposibilidad de pagar, sino en la creciente reducción de las opciones disponibles después de pagar.
Nueva deuda para déficit y vencimientos
El presupuesto de 2026 contempla un déficit financiero de RD$280,575.3 millones, equivalente al 3.2 % del PIB. Para cubrirlo y manejar obligaciones financieras, prevé RD$401,767.8 millones en fuentes de financiamiento y RD$121,192.6 millones en aplicaciones financieras, principalmente amortizaciones. (Presupuesto RD)
Esto no significa que todo préstamo nuevo se destine exclusivamente a pagar deuda vieja. Parte financia el déficit anual y otra parte sustituye obligaciones que vencen, una práctica habitual en todos los Estados. Pero sí demuestra que el país necesita acudir nuevamente al crédito para cerrar cada ejercicio y refinanciar compromisos anteriores.
Incluso con un superávit primario presupuestado de RD$43,681.9 millones —el resultado antes de intereses—, el peso del servicio financiero convierte las cuentas públicas en un déficit de más de RD$280,000 millones. En otras palabras: antes de pagar intereses, el presupuesto apenas respira; después de pagarlos, vuelve a necesitar endeudamiento.
La pandemia explica una parte importante del salto registrado en 2020. Durante el tercer trimestre de aquel año, el país recibió US$3,757.5 millones en desembolsos externos: US$3,703.2 millones fueron apoyo presupuestario y apenas US$54.3 millones correspondieron a proyectos de inversión pública. La emergencia justificó financiación excepcional; lo que no puede hacer es convertirse en una explicación perpetua para déficits estructurales seis años después.
Una deuda manejable no es una deuda barata
Sería incorrecto presentar a la República Dominicana como un Estado al borde de la insolvencia. A marzo de 2026, la deuda del sector público no financiero tenía un vencimiento promedio de 10.1 años y cerca del 88.7 % estaba contratada a tasa fija. Esas condiciones reducen el peligro de una crisis inmediata de refinanciamiento.
Pero manejable no significa inocua. La tasa promedio ponderada era de 7.6 %, mientras la deuda interna costaba alrededor de 10.7 %. Además, el 65.7 % del saldo estaba denominado en moneda extranjera, lo que expone las cuentas públicas a depreciaciones del peso.
El propio Marco Fiscal de Mediano Plazo reconoce riesgos inclinados al alza. Sus pruebas de resistencia calculan que un deterioro del balance primario podría elevar la relación deuda-PIB en 3.5 puntos porcentuales hacia 2030; una desaceleración del crecimiento añadiría alrededor de tres puntos y una depreciación cambiaria, 1.6 puntos.
La vulnerabilidad, por tanto, no consiste solamente en cuánto se debe hoy, sino en lo que ocurriría si coinciden menor crecimiento, petróleo más caro, tasas internacionales elevadas o presión cambiaria.
El problema fiscal que el crecimiento no resuelve
La República Dominicana posee una economía dinámica, pero un Estado con limitada capacidad recaudatoria. Los ingresos presupuestados para la Administración Central equivalen a aproximadamente 15.5 % del PIB. A ello se suma un sistema de exenciones y tratamientos fiscales cuyo costo ha sido estimado por el Fondo Monetario Internacional en cerca de 5 % del PIB, alrededor de una tercera parte de la recaudación tributaria.
Por eso, reducir toda la discusión a “la deuda bajó respecto del PIB” resulta insuficiente. El país no paga a sus acreedores con la totalidad de lo producido por hoteles, industrias, comercios y trabajadores. Paga con la fracción que el Estado logra recaudar. Y cuando casi una cuarta parte de esos ingresos se consume en intereses, el crecimiento económico deja de ser una absolución.
El Gobierno puede exhibir acceso a los mercados, vencimientos largos y una relación deuda-PIB inferior a la de 2020. Lo que no puede presentar como normal es que el costo financiero supere ampliamente la inversión pública y que el presupuesto continúe dependiendo de nuevos pasivos para cerrar sus cuentas.
La deuda no es mala por naturaleza. Endeudarse para construir infraestructura productiva, elevar la calidad educativa, modernizar el sistema eléctrico o transformar la capacidad industrial puede generar riqueza superior a su costo. El problema surge cuando los intereses crecen más rápido que el espacio fiscal y los resultados visibles no guardan proporción con las obligaciones acumuladas.
El verdadero éxito económico no consiste en demostrar que todavía nos prestan. Consiste en necesitar cada vez menos préstamos para sostener el funcionamiento ordinario del Estado.
Un país no se hipoteca cuando toma prestado para transformarse; se hipoteca cuando necesita seguir tomando prestado para no detenerse.
