Por Ramón Morel
La reciente reforma fiscal reabre un debate que va más allá de los impuestos: el creciente peso económico que soporta una clase media que trabaja, paga y cumple, pero cada vez encuentra más difícil progresar.
Cada vez que se anuncia una reforma fiscal, el debate público suele concentrarse en porcentajes, exenciones, recaudación y déficit. Se discute cuánto necesita recaudar el Estado, cuáles sectores serán impactados y qué tan necesaria resulta la medida para sostener las finanzas públicas.
Sin embargo, detrás de las cifras existe una realidad menos visible y mucho más humana: la de millones de dominicanos que sienten que trabajan más que nunca, cumplen con sus obligaciones y, aun así, avanzan cada vez menos.
La reciente reforma fiscal aprobada por el Gobierno vuelve a colocar bajo los reflectores una pregunta molestosa, pero legítima: ¿Hasta dónde puede seguir aumentando la carga sobre una clase media que ya vive sometida a una presión económica constante?
La clase media dominicana se ha convertido en el gran amortiguador del sistema. Es el sector que sostiene buena parte del consumo nacional, que alimenta la recaudación tributaria, que paga servicios, financia la educación de sus hijos, adquiere viviendas mediante préstamos y mantiene en movimiento una parte importante de la economía. Sin embargo, también es el sector que con frecuencia queda fuera de las ayudas estatales y de los mecanismos de protección social.
No es suficientemente pobre para recibir subsidios importantes ni suficientemente rica para protegerse de la inflación, los aumentos de tarifas o las nuevas cargas impositivas. Se encuentra atrapada en una especie de tierra de nadie económica donde cada incremento de costos tiene consecuencias directas sobre su calidad de vida.
El problema no radica únicamente en los impuestos.
Durante los últimos años, el dominicano promedio ha tenido que enfrentar un encarecimiento sostenido del costo de vida. Comprar una vivienda resulta hoy considerablemente más difícil para un profesional joven que hace una o dos décadas. Los precios de los inmuebles han crecido a un ritmo superior al de muchos salarios. Lo mismo ocurre con los seguros médicos, los colegios privados, los combustibles, los alimentos, los servicios de telecomunicaciones y los costos financieros asociados al crédito.
La consecuencia es una sensación creciente de agotamiento económico.
Paradójicamente, esta realidad convive con indicadores macroeconómicos que suelen presentarse como positivos. La economía crece. El turismo rompe récords. Las remesas alcanzan cifras históricas. La inversión extranjera continúa llegando al país. Desde la óptica de las estadísticas nacionales, República Dominicana exhibe resultados que muchos países de la región quisieran mostrar.
Pero una economía no se mide únicamente por la velocidad a la que crece, sino también por la forma en que ese crecimiento se traduce en bienestar para la población.
La distancia entre las cifras macroeconómicas y la experiencia cotidiana de muchos hogares es precisamente uno de los factores que alimentan la frustración social. Cuando los ciudadanos escuchan hablar de crecimiento mientras sienten que cada mes les resulta más difícil llegar al final de la quincena, surge inevitablemente una desconexión entre el discurso oficial y la realidad percibida.
Es en ese contexto donde la reforma fiscal adquiere una dimensión política y social mucho más profunda.
Toda nación necesita recaudar impuestos. Ningún Estado puede sostener infraestructura, seguridad, educación o salud pública sin ingresos suficientes. La discusión seria no consiste en negar esa realidad.
La verdadera discusión gira en torno a la confianza.
Los ciudadanos están más dispuestos a aceptar sacrificios cuando perciben que los recursos públicos son administrados con eficiencia, transparencia y austeridad. Cuando esa confianza se debilita, cualquier aumento en la carga fiscal se convierte en motivo de resistencia.
La pregunta que muchos contribuyentes se hacen no es solamente cuánto más tendrán que aportar, sino qué esfuerzos está realizando el propio Estado para racionalizar gastos, reducir ineficiencias y garantizar que cada peso recaudado produzca resultados concretos para la sociedad.
La estabilidad de un país depende en gran medida de la fortaleza de su clase media. Allí se encuentran buena parte de los profesionales, técnicos, emprendedores, pequeños comerciantes y trabajadores calificados que sostienen la productividad nacional. Cuando ese sector se fortalece, aumenta la inversión familiar, crece el consumo, se expande el ahorro y se consolidan las oportunidades de movilidad social.
Pero cuando comienza a percibir que el esfuerzo ya no produce progreso, aparece una sensación peligrosa: la convicción de que trabajar más no necesariamente significa vivir mejor.
Las grandes tensiones sociales de la historia rara vez han surgido porque los ciudadanos se nieguen a contribuir. Con frecuencia aparecen cuando sienten que las cargas aumentan más rápido que las oportunidades.
Por eso, el debate sobre la reforma fiscal no debería limitarse a cuánto más puede aportar la clase media al Estado. También debería incluir una pregunta igualmente importante: cuánto más puede soportar una clase media que lleva años enfrentando mayores costos, mayores compromisos y mayores exigencias, mientras observa cómo el sueño de progresar parece alejarse cada vez más.
Porque cuando la esperanza de ascenso social comienza a debilitarse, no solo se resiente la economía. También se resiente la confianza sobre la cual se construye el futuro de una nación.
