Buenos días. Hablar de los fatídicos asesinatos de mujeres en República Dominicana, es lo mismo que llover sobre mojado. Es uno de los problemas sociales y estructurales que encarnan la peor muestra de la ineficacia del Estado y el Gobierno a través de los años. De ahí que la pérdida de 30 vidas de mujeres en lo que va del año, jamás puede asumirse como una cifra estadística porque es mucho más que eso. Es una hemorragia social que expone la vulnerabilidad más cruda de la sociedad y, a la vez, la más flagrante insuficiencia del entramado estatal. Por eso amarga e igual apena que, frente a tan deprimente panorama, la ministra de la Mujer afirme que estos casos «no reflejan todo el trabajo de prevención», lo que nos coloca en la disyuntiva de si aceptar “su reflexión” como un balance institucional o como una dolorosa coartada. Cuando la vida de las ciudadanas está en juego, justificar la gestión basándose en el «esfuerzo realizado» en lugar de los resultados obtenidos es, por definición, una excusa para matizar la incapacidad oficial. No cabe dudas de que ninguna prevención que en la práctica no previene, no es prevención; es tan solo burocracia e intentar separar el «trabajo institucional» de los ataúdes que se siguen sepultando, es una torpeza que deja al desnudo un ejercicio de desconexión alarmante. Se supone que el éxito de una política pública de seguridad y género se mide en vidas salvadas, no en talleres impartidos, folletos distribuidos o campañas de concientización multimedia que mil veces han probado que no sirven de nada. El fracaso en la contención de los feminicidios en la República Dominicana no se debe a la falta de intenciones, sino a fallas estructurales y de ejecución profundamente arraigadas. Una mujer que se atreve a denunciar suele enfrentarse a un calvario burocrático: desde destacamentos policiales sin personal capacitado que minimizan el riesgo, hasta fiscalías saturadas. La orden de alejamiento, que debería ser un escudo, termina siendo un papel inútil si no hay un mecanismo real de monitoreo y acompañamiento al agresor. Al deprimente cuadro hay que agregar que el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial, operan cada quien por su lado. Sencillamente, mientras la prevención va por un lado, la persecución penal va por otro y el sistema de protección (las casas de acogida), resulta crónicamente insuficiente para la demanda real. Y como si fuera el tiro de gracia, las alertas tempranas se pierden en el papeleo interinstitucional. En medio de semejante desorden, ¿podremos avanzar algún día?
