Buenos días. En el día de ayer el representante especial de la ONU en Haití, Carlos Ruiz Massieu, formuló la petición de que se refuerce el embargo de armas y el endurecimiento de los controles de la llegada de armamentos, a los fines de detener la espiral de violencia que sacude a la vecina nación. El pedido debiera rebasar el simple ejercicio burocrático y convertirse en un grito de auxilio ante una realidad que no solo es sangrienta y tribal, sino que deja al desnudo que las bandas armas tienen mayor fuerza que la propia policía haitiana. La solicitud es oportuna en tanto llega en un momento en que el país caribeño se desintegra bajo el peso de un arsenal que no produce, pero que fluye hacia su territorio con una facilidad pasmosa. A propósito, ¿quién arma a las bandas? Es de conocimiento público que Haití no fabrica armas, pero por sus calles circulan desde pistolas automáticas hasta rifles de asalto de grado militar, como los AK-47, AR-15 y el temible fusil de precisión Barrett calibre 50, según informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y otras agencias de inteligencia. Y la respuesta es simple. La principal fuente de armas y municiones para Haití es Estados Unidos, específicamente el estado de la Florida, destino del que, a través de puertos secundarios y envíos de carga consolidada, proviene el armamento que llega a Haití camuflado en artículos de primera necesidad o electrodomésticos. Diversas investigaciones apuntan a que las bandas no son entes aislados, sino que son utilizadas por sectores de la élite económica y política haitiana para controlar territorios, suprimir protestas o asegurar intereses comerciales. Esas alianzas «letales» permiten que empresarios y políticos actúen como facilitadores financieros y logísticos para la importación de pertrechos. Mientras tanto, la espiral de violencia ha dejado cifras que avergüenzan y solo en el año 2024, la ONU verificó más de 5,600 asesinatos. Entre marzo de 2025 y principios de 2026, la cifra se mantiene alarmante con más de 5,500 víctimas adicionales. En total, desde que la crisis se agudizó tras el magnicidio de Jovenel Moïse, se estima que más de 16,000 personas han perdido la vida y cientos de miles han sido desplazadas, convirtiendo a Puerto Príncipe en una ciudad sitiada por el terror. Y en medio del preocupante panorama, la seguridad interna de República Dominicana permanece bajo peligrosa amenaza, al tiempo de que crece la presión migratoria y humanitaria. De este lado urge mantener la alerta constante ante la agitación que no para en un «Estado Fallido» donde se fomenta el auge del narcotráfico y el crimen organizado…
