-Independientemente de cómo lo tomen algunos y aunque distorsionen la intención del mensaje, es necesario señalar que uno de los puntos más críticos de la debacle a la que hemos hecho referencia, es el manejo discrecional, ayer y hoy, de la voluminosa publicidad gubernamental…-
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Buenos días. La profundidad de la debacle moral que analizamos ayer se ha curtido sobre la base de la falta de regulación del ejercicio del periodismo como profesión liberal, así como del uso responsable de los medios de comunicación de masas en República Dominicana. El ente llamado a evitar que así suceda es el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), pero esa entidad es tan solo un gigante sin dientes que padece una «anarquía destructiva» por decisión de quienes mal lo han conducido en las últimas décadas. El CDP perdió su peso social y legal, derivando en un ente asistencialista que lucha por sobrevivir entre la atrofia gerencial, la apatía de sus miembros y una Ley 10-91 que resulta anacrónica e inoperante ante los nuevos retos. Esas son las razones de su incapacidad para encabezar la batalla por la superación de la ausencia de una regulación que exija niveles de profesionalización y que sancione las faltas éticas graves, que han dejado a los periodistas profesionales en un estado de desprotección frente al mercado. Independientemente de cómo lo tomen algunos y aunque distorsionen la intención del mensaje, es necesario señalar que uno de los puntos más críticos de la debacle a la que hemos hecho referencia, es el manejo, ayer y hoy, de la voluminosa publicidad gubernamental. Si bien se presume de que somos baluarte regional en materia de libertad de prensa y que en el país no se persigue a periodistas, sí se ejerce presión por la vía del bolsillo. Montos millonarios son repartidos con criterios discrecionales que, aunque no se percibe, funcionan como una «mordaza sigilosa». Muchos medios y productores de programas dependen casi exclusivamente de la pauta estatal para sobrevivir, lo que genera una autocensura institucionalizada. Quien critica con severidad, se arriesga a que su contrato no sea renovado o simplemente a no conseguirlo jamás. Es una forma de dependencia que ha transformado a una parte del periodismo en una extensión de los departamentos de relaciones públicas del Estado. ¿Qué hace el CDP frente a esa realidad? Nada en lo absoluto porque, además de sus flojeras y falta del ejercicio de autoridad que le confiere la Ley 10-91, nadie le hace caso. Superar el deprimente cuadro solo será posible aplicando cinco ejes ineludibles. Volvemos…
