Buenos días. El secuestro de Nicolás Maduro no solo confirma que el resto de los países del mundo está a merced del nuevo amo del universo, sino que la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional en sentido general, valen menos que el papel fabricado para colocar en los sanitarios. Independientemente de las diferencias que se pudieran tener con Nicolás Maduro, que no es lo que más importa, su rapto constituye un acto de piratería política que no solo violenta el principio de soberanía de las naciones, sino que coloca en estado de inminente peligro a otros países de América Latina y de todo el globo terraqueo. A Donald Trump le importa un pito que el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas prohíba que la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, sea vulnerada con el uso de la fuerza. Igual que el sistema internacional descanse en la soberanía de los Estados y en la igualdad jurídica entre estos, preceptos sencillamente vulnerados con una acción unilateral que, por demás, se contrapone a los principios que garantizan la soberanía estatal y la no intervención de un Estado en los asuntos internos de otro Estado. Así lo dicta la Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU, conocida como Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional relativos a las Relaciones de Amistad entre los Estados. Queda claro que la acción en perjuicio de Nicolás Maduro y esposa, desde el punto de vista del derecho internacional y del sistema jurídico de las Naciones Unidas, encierra un inequívoco acto de secuestro que desacata lo dispuesto por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. No hay dudas de que no se está ante un hecho aislado y circunstancial, sino frente a una acción contra un supuesto dictador y narcoterrorista, como ingenuamente creen y repiten muchos, sino ante el proceder unilateral e ilegal de un mandatario dispuesto a saquear a otras naciones y que, para justificarlo, tilda de narco estado a todo quien no esté dispuesto a permitirle el robo de sus riquezas. Esa perniciosa conducta, típica de la piratería política de baja calaña, representa un alto riesgo para otros países de nuestro Continente, como México, Colombia, Nicaragua, Cuba, Brasil y otros, contra cuyos líderes en cualquier momento se procederá bajo el expediente del narco terrorismo. Lo peor es que, en medio del preocupante panorama, el mundo se quedó sin árbitros ya que los órganos llamados a garantizar el respeto de las normas que amparan la soberanía e integridad de las naciones, hoy son instrumentos narigoneados que apenas sirven para emitir declaraciones que carecen de valor.
