El actual panorama político y económico en la República Dominicana presenta una dualidad insostenible, la acelerada acumulación de deuda pública se financia y se justifica mientras la brecha de la corrupción permanece ampliamente percibida como abierta, sin que las medidas preventivas implementadas logren generar una confianza institucional sólida. Este contraste no solo es preocupante, sino que alimenta una profunda indignación colectiva.
El gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el presidente Luis Abinader han recurrido a préstamos como herramienta principal para cubrir déficits fiscales y financiar la terminación de obras esenciales. En los primeros cinco meses de 2025, la deuda del sector público no financiero (SPNF) creció en US$3,577.6 millones, superando el endeudamiento registrado en 2023 y 2024. Este incremento refleja una fuerte dependencia del financiamiento externo, impulsada principalmente por la emisión de bonos soberanos internacionales.
Recientemente, el Congreso Nacional autorizó al Poder Ejecutivo a emitir valores de deuda pública por un monto máximo de RD$401,767 millones, o su equivalente en moneda extranjera, luego de solo dos horas de estudio del proyecto. La oposición votó en contra de esta medida, alegando que se carece de la claridad y la transparencia necesarias y advirtiendo que se está hipotecando el futuro de los dominicanos, especialmente cuando los recursos se destinan al pago de intereses de préstamos anteriores o a cubrir el déficit presupuestario y no exclusivamente a la inversión productiva.
A pesar de que el gobierno ha buscado alcanzar avances en transparencia y ha logrado mejorar la puntuación del país en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 28 en 2020 a 36 en 2024, este progreso institucional no se traduce en la percepción ciudadana. Una encuesta reciente del Grupo ACD Media reveló que más del 95% de la población percibe la corrupción como un problema tangible en la administración actual, con un 65% que cree que existe mucha corrupción.
Los casos más recientes hablan por sí solos. La corrupción administrativa, definida como el abuso de confianza de funcionarios para beneficio personal, a menudo en complicidad con el sector privado, tiene un impacto corrosivo en la sociedad y en la confianza pública. El costo anual estimado de la corrupción en la República Dominicana asciende al 1.1% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a aproximadamente RD$47,436 millones.
Un ejemplo flagrante es el reciente caso de la Operación Cobra en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). El Ministerio Público (MP) reveló que la estructura supuestamente liderada por el exdirector de SeNaSa desvió más de RD$1,482 millones del programa de inmunización entre 2021 y 2024. La red manipuló el sistema para facturar vacunas que nunca se aplicaron, inflar estadísticas y emplear dosis gratuitas del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) en centros privados que fueron contratados de manera irregular. El monto facturado por vacunación alcanzó un máximo de RD$465 millones en 2023, casi nueve veces el monto de 2021, a pesar de que las dosis eran gratuitas.
Esta combinación de endeudamiento masivo para la inversión, como los préstamos para la ampliación del Metro de Santo Domingo, el sector agrícola o la reforma penitenciaria y la continua y percibida sangría de la corrupción genera un dilema moral y económico, el país se endeuda para construir un futuro que, simultáneamente, es saqueado por quienes deberían administrar esos fondos.
Si bien el gobierno ha implementado medidas como los Códigos de Integridad y la Unidad Antifraude, la sostenibilidad de la lucha anticorrupción sigue siendo una preocupación, ya que el cumplimiento de las medidas adoptadas a menudo está sujeto a la voluntad del gobierno de turno y no se ha institucionalizado completamente como una política de Estado.
Para que el país realmente avance, la solución no solo radica en la obtención de más préstamos para cubrir necesidades, sino en cerrar de manera efectiva las brechas de control y la impunidad. De lo contrario, la corrupción y la deuda pública seguirán siendo, de manera trágica, la tormenta perfecta para socavar el desarrollo económico y aumentar la desigualdad social. La ciudadanía exige que el dinero prestado para el bienestar no se evapore en el desfalco.
