Retroceso legal bajo el gobierno de Luis Abinadel
Con la promulgación del nuevo Código Penal por parte del presidente Luis Abinadel, la República Dominicana ha dado un paso hacia atrás en materia de derechos humanos, justicia penal y equidad de género. Lejos de representar una reforma moderna y garantista, el nuevo marco legal se convierte en una regresión histórica que perpetúa la impunidad, socava las conquistas sociales y protege a los sectores privilegiados del poder.
Uno de los aspectos más alarmantes de esta nueva legislación es la exclusión de las tres causales que permitirían la interrupción del embarazo en situaciones extremas: cuando la vida de la mujer corre peligro, cuando el embarazo es producto de una violación o incesto, y cuando el feto es inviable. La negativa a incluir estas excepciones en el Código no solo contradice los estándares internacionales de derechos humanos, sino que impone una visión conservadora y punitiva sobre los cuerpos de las mujeres, colocándolas en una posición de vulnerabilidad absoluta ante la ley.
A esto se suma la débil respuesta ante los crímenes sexuales. El Código aprobado por el Congreso y refrendado por el Ejecutivo despenaliza o relativiza ciertas formas de violencia sexual, diluyendo sus sanciones o reduciendo su tipificación. Esta omisión deliberada constituye una afrenta a los miles de víctimas que han exigido justicia durante años, y envía un mensaje peligroso de tolerancia hacia la violencia de género, justo en un país donde cada año se registran cifras alarmantes de feminicidios y abusos sexuales.
Pero el retroceso no se limita al campo de los derechos reproductivos o de género. El nuevo Código Penal también incluye disposiciones que favorecen la impunidad de la corrupción, especialmente cuando esta ocurre en el seno de la administración pública. La reducción de penas, los plazos de prescripción y las omisiones procedimentales en casos de malversación, prevaricación o enriquecimiento ilícito, convierten al Código en una herramienta que, en lugar de combatir el delito, parece diseñada para blindar a los funcionarios corruptos y cerrar la puerta a la sanción efectiva.
En nombre de una supuesta modernización del sistema penal, el gobierno ha aprobado una ley que criminaliza la marginalidad, endurece penas para delitos menores y normaliza la exclusión, mientras ampara con sutileza a quienes delinquen desde los puestos de poder. Se trata de una codificación desigual, que reprime a los débiles y exime a los poderosos; que niega derechos fundamentales mientras fortalece estructuras de dominación y silencio institucional.
La promulgación de este Código Penal representa, en esencia, una traición al clamor de amplios sectores sociales, organizaciones feministas, movimientos juveniles, juristas progresistas y defensores de derechos humanos que por años han luchado por un marco legal más justo y humano. Luis Abinadel, al convertirlo en ley, no solo ha dado la espalda a las demandas ciudadanas, sino que ha contribuido activamente a un retroceso democrático de graves consecuencias.
El país no necesita un Código que castigue más, sino uno que garantice derechos. No necesita endurecer la ley para los pobres, sino erradicar la impunidad de los poderosos. El nuevo Código Penal, lejos de responder a estos principios, encarna un modelo de justicia punitiva, patriarcal y elitista, que perpetúa las desigualdades que tanto daño han hecho a la nación.
En tiempos donde se reclama una justicia con rostro humano, esta legislación recién promulgada es, lamentablemente, una página negra que deberemos reescribir. Y para ello, hará falta memoria, resistencia y lucha social.
