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Buenos días. Es cierto que prevalece en República Dominicana una cualquierización desenfrenada y rastrera de los medios tradicionales y modernos de la comunicación social. Nadie pone en duda que esa situación se ha desbordado y, como consecuencia, alcanzado niveles escandalosos de degradación moral. Pero hay que tener cuidado con aplicar recetas cuyas consecuencias pudieran resultar peor que la enfermedad. Lo que padecemos no es fortuito, no nos cayó del cielo, lo que vivimos es consecuencia directa, por un lado, de la permisibidad tan habitual en nuestro país y por el otro, es el resultado de intereses políticos y conveniencias económicas que engordan los bolsillos de los dueños de los medios, que a su vez son alimentados por empresarios e instituciones oficiales que sustentan con sus financiamientos publicitarios el desparramado estiércol mediático. De manera que se trata de un mal en mayor grado inducido y conscientemente financiado y si el interés real fuera extirparlo, entonces solo habría que recurrir a las legislaciones vigentes, incluyendo la Constitución, que prevén y castigan semejante desbarajuste. De ahí la necesidad de llamar la atención acerca del proyecto que pretende “regular” el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento, una peligrosa afrenta que merece la repulsa generalizada de la sociedad, en tanto oculta intenciones que, en vez de proteger ese derecho fundamental del ciudadano, lo que busca es coartarlo. Ya nos referiremos a mayor profundidad acerca del tema, pero dejo como llamado revisar el artículo 49 de la Constitución Dominicana y poner especial atención a su único párrafo. Continuamos mañana…
