Buenos días. De lo que se conoce a cerca del presupuesto para el año 2025, destaca el hecho de que el sacrificio fiscal que hará el país en materia de exenciones y exoneraciones, se eleva nada más y nada menos que a 384 mil millones de pesos. En otras palabras, el Gobierno renuncia a recibir ingresos que necesita por el monto indicado, recursos superiores al 4 por ciento del presupuesto nacional y que rebasan los montos destinados a la Educación. Para colmo, esos recursos que no entran a las arcas oficiales, registran un crecimiento para 2025 superior al 7 por ciento en comparación con 2024. República Dominicana cuenta desde hace décadas con más de 30 leyes que amparan las exenciones, pero muchas de ellas obedecían a situaciones y necesidades coyunturales que hoy no existen y, por consiguiente, deben ser sincerizadas y/o eliminadas. Se siguen destinando ruidosas partidas a sectores de la economía que hoy tienen pantalones largos y que no necesitan de la mano protectora del Gobierno para seguir generando benefiocios particulares. Además, el país, los dominicanos, no tienen información respecto a los beneficios que ese sacrificio les genera, pero tampoco conoce si esos recursos tienen alguna fiscalización oficial. Es contradictorio que mientras se busca castigar a sectores de clase media y la población en general con nuevas cargas impositivas, se mantengan estos irritantes privilegios que, con solo actualizarlos y/o eliminarlos, se traducirían en un inmenso caudal de ingresos que servirían para mejorar sustancialmente la calidad de vida de los dominicanos.
