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Buenos días. La razón de la debacle desenfrenada, ruidosa y asqueaste que corre a campo abierto en República Dominicana, no es otra que el descontrol imperante en el uso de los medios masivos de comunicación. La única condición para que cualquier sujeto monte un programa de radio o televisión, haga de este un medio de extorsión y chantaje, una vía para fusilar la moral ajena, es tener capacidad de pago por el espacio que los dueños de medios le rentan. No se requiere nada más, no importa nada más, no se exige respecto a la sociedad y a las personas, no se le orienta en función de observar la Constitución y las leyes vigentes, ni siquiera se averigua quién es el sujeto, cuál es su impronta y formación académica, solo importa que pague con seguridad al final de mes. Y en ese deprimente contexto hay que recordar que, sin la necesidad de una nueva ley de expresión del pensamiento, solo aferrada al Reglamento 824, doña Zaida Ginebra vuida Lovaton no permitía ni por asomo el desenfreno rastrero, consentido y financiado al que asistimos hoy. La satanizada y finalmente cercenada ley 148, que creó la colegiación obligatoria de los periodistas dominicanos, encarnaba el mejor desinfectante preventivo para evitar lo que ocurre. Quien no tenía un título académico y se hacía miembro del Colegio Dominicano de Periodistas, simplemente no podía arrendar espacios en radio y televisión y usurpar las funciones reservadas a los periodistas profesionales. No obstante, sí se permitía que profesionales de ramas especializadas, (médicos, abogados, ingenieros, expertos en disciplinas del conocimiento y otros), podían producir programas en los medios electrónicos, pero solo para enfocar temas relativos a su profesión. Y si alguna de sus producciones incluía secciones de entrevistas, entonces era necesaria la presencia de un profesional del periodismo en dicho programa. La ley igual regulaba el periodismo, los medios escritos estaban sujetos a emplear a profesionales egresados y colegiados, contrario a lo que pasa hoy que políticos, médicos, ingenieros, abogados, locutores, comediantes, influencer, dominan la audiencia contaminada y sucia. Los dueños de medios del pais, medios incluyentes de otros países de América Latina y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), se encargaron de bombardear la ley 148 a base de manipulaciones, medias verdades y mentiras y en 1989, la Suprema Corte de Justicia la declaró nula. No ha sido posible modificar la ley actual de colegiación periodística, la 10-91, pero la sola inclusión de la obligatoriedad que consignaba la 148, que había sido aprobada el 30 de junio de 1983, resuelve el 99 por ciento de la fatídica cualquierización imperante en los medios de comunicación.
