Buenos días. El Gobierno está en el deber de evitar el empañamiento de su plan de deportación masiva de haitianos ilegales. Tiene que prever y actuar de manera enérgica contra todo viso de anomalía que se aparte de su propósito y que reste legitimidad y crédito a su decisión frente a millones de haitianos sin papeles que pueblan nuestro territorio. En ese desafío no puede haber excepciones, tampoco manos tibias o simplemente actuar con permisividad e indiferencia. Der ahí su deber de investigar a profundidad la grave denuncia que formularan el fin de semana empresarios de los sectores agrícolas y de la construcción, radicados en el Cibao, respecto a que sus trabajadores “son detenidos y regresan dos o tres días después de ser repatriados tras pagar un soborno que oscila entre los RD$7 mil y RD$15 mil”. Y otro inquietante elemento que también denuncian, tiene que ver con el hecho de que, supuestamente, los operativos de la Dirección General de Migración “se han convertido en un negocio con detenciones los días de cobro de los trabajadores del campo y las construcciones”. Los señores Marcos Rodríguez, presidente de la asociación de bananeros, y Luis Felipe Checo Guzmán, líder del sector ganadero, apelan a que sus denuncias sean investigadas y descontinuadas, al tiempo de reclamar que se busque una alternativa a las deportaciones masivas en vista de que, los sectores indicados, están siendo considerablemente afectados. Desde el principio advertimos que las autoridades tienen que evitar toda práctica de abusos y atropellos, al mismo tiempo, nos preguntábamos si acaso se cuenta con respuestas viables para encarar cualquier consecuencia que, resultado de las deportaciones masivas, pudiera afectar importantes áreas de nuestra economía que, quiérase o no, hay que admitir dependen de la mano de obra haitiana. Esperamos que esas graves denuncias tengan respuestas y que los responsables reciban las consecuencias de lugar.
